L. D. / EP.- Pérez de Arrilucea y Perea Salazar fueron detenidos a petición de las autoridades españolas el pasado 7 de junio en Canadá, donde se encontraban huidos de la Justicia desde que, en 1997, fueran condenados en rebeldía por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a unas penas de siete y seis años de cárcel respectivamente. El magistrado les consideró culpables de la colocación de 16 artefactos explosivos de fabricación casera, entre el 22 de diciembre de 1991 y el 29 de enero de 1993, en sucursales bancarias, empresas y calles de Vitoria.
Tras su detención en el mes de junio, las autoridades españolas reclamaron la extradición de estos dos colaboradores de ETA. Esta petición suspendió el proceso de concesión del estatuto de refugiados que ambos habían solicitado en Canadá, basando sus demandas en supuestas torturas cometidas por la Policía para sonsacarles una confesión autoinculpatoria.
La Corte Suprema de Quebec decidía finalmente este martes dar vía libre a la extradición al rechazar estas alegaciones de torturas, considerando que éstas deben ser enviadas a la ministra de Justicia canadiense, Anne McLellan, de quien depende ahora la orden de extradición. Sus abogados han anunciado que apelarán la resolución de la Corte Suprema de Quebec, por lo que se abre ahora un plazo de 30 días para hacer efectivo este trámite procesal. En caso de que el alto tribunal se ratifique, la decisión de conceder la extradición a España de Pérez de Arrilucea y Perea Salazar pasará a manos del Gobierno canadiense.
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Tras su detención en el mes de junio, las autoridades españolas reclamaron la extradición de estos dos colaboradores de ETA. Esta petición suspendió el proceso de concesión del estatuto de refugiados que ambos habían solicitado en Canadá, basando sus demandas en supuestas torturas cometidas por la Policía para sonsacarles una confesión autoinculpatoria.
La Corte Suprema de Quebec decidía finalmente este martes dar vía libre a la extradición al rechazar estas alegaciones de torturas, considerando que éstas deben ser enviadas a la ministra de Justicia canadiense, Anne McLellan, de quien depende ahora la orden de extradición. Sus abogados han anunciado que apelarán la resolución de la Corte Suprema de Quebec, por lo que se abre ahora un plazo de 30 días para hacer efectivo este trámite procesal. En caso de que el alto tribunal se ratifique, la decisión de conceder la extradición a España de Pérez de Arrilucea y Perea Salazar pasará a manos del Gobierno canadiense.
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