Caso Lasa-Zabala: Dos cadáveres y cincuenta kilos de cal viva

L. D.- Los cadáveres no fueron identificados y permanecieron en el cementerio de Alicante, al parecer, por un error burocrático en el que no se dictó la orden de volver a enterrarlos. Diez años después, en 1995, el jefe de la unidad policial de Alicante, Jesús García, sostiene que los dos cuerpos podrían pertenecer a los terroristas desaparecidos Lasa y Zabala. Finalmente, el informe del forense, basado en las piezas dentales, un informe policial y las familias de los asesinados, corroboran la versión.

El comisario Jesús García, el policía que identificó los cadáveres, murió el 14 de enero de 2000 de forma fulminante de un infarto mientras testificaba en el juicio del “caso Lasa-Zabala” sobre su investigación policial. El suceso conmocionó a la Audiencia Nacional y, sobre todo, a los asistentes al juicio, que pudieron ver cómo se desencajaba el rostro del comisario, ya que su imagen era retransmitida por las cámaras de televisión que grababan el proceso.

Según el informe policial, Lasa y Zabala fueron “torturados despiadada y prolongadamente para sacarles información y rematados de un tiro en la nuca”. En 1996, el juez Bueren abandona el sumario abierto ya que decide pasar a la actividad privada desvinculándose así de su actividad en la Audiencia Nacional. El caso pasa al juez Javier Gómez de Liaño que instruye con diligencia uno de los sumarios más oscuros de la guerra sucia pese a las críticas de la mayoría de los imputados.

Las condenas

El 26 de abril de 2000, la Audiencia Nacional condena a 71 años de cárcel al general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. El teniente coronel Ángel Vaquero es condenado a 69 años y los ex agentes del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Dorado y Felipe Bayo, reciben una condena de 67 años y 8 meses. El ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera y el abogado Jorge Argote fueron procesados como encubridores, pero finalmente la Audiencia decide absolverlos aunque expresa su convicción de que “otras personas”, además de los cinco condenados, participaron en 1983 en el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.