Detenido en Bilbao Mikel Zuloaga, padre de la estrategia de desobediencia civil proetarra

La Policía detuvo el pasado 5 de octubre a nueve presuntos responsables de la estrategia de "desobediencia civil" de ETA-EKIN, que supuestamente pretendían la creación de un D.N.I. y un Registro Civil sustitutorios, para contribuir a la conformación de un Estado paralelo, en la "operación Itzali" en el País Vasco y Navarra.

Zuluaga había asegurado en una conferencia de prensa dos días después de las detenciones, convocada para reclamar la libertad de los arrestados, que él era el "autor material" del proyecto "Piztu". Además señaló que ese proyecto defendía "un movimiento pacífico" de trabajo "a través de la desobediencia civil" y rechazó los intentos de relacionar estos objetivos con "otro tipo de fines" y de "criminalizar" a sus responsables.

Ese mismo día, el juez Baltasar Garzón, tras tomar declaración a los nueve detenidos, decretó prisión incondicional para cinco de ellos, dejó en libertad con fianza a otros tres y sin cargos a otro. En concreto, el juez ordenó prisión para Sabino Ormazábal, responsable de opinión del diario Gara; Mikel Aznar, responsable de gestión ejecutiva de la fundación Joxemi Zumalabe; Carlos Trenor, concejal de EH en el Ayuntamiento de San Sebastián; Ignacio María O’Shea, ex miembro de la mesa de HB, y Patxi Azparren, responsable de la Fundación ABK, acusados los cuatro primeros de un delito de integración en banda armada y el último de colaboración.

El magistrado sostuvo que estos detenidos eran miembros de la fundación Joxemi Zumalabe, un instrumento organizativo del que la banda se vale para desarrollar su proyecto de desobediencia civil. Esta decisión del juez se produjo tras el auto de prisión que Garzón dictó el pasado 15 de septiembre para 20 supuestos integrantes de EKIN, que, según el magistrado, controla políticamente y planifica actividades de organizaciones ajenas, tales como HB-EH, Gestoras Pro Amnistía, Jarrai, Hika y sus satélites.

En el auto, de 26 páginas, Garzón aseguraba que una de las actividades fundamentales de la fundación Joxemi Zumalabe era la propuesta de desobediencia civil "a través del denominado Taller de Desobediencia", en cuyo desarrollo participaban "activamente" algunos de los acusados, como Altuna y Aznar. Los detenidos participaban con mayor o menor intensidad en el proyecto "Pitzu", según el magistrado, que apreció asimismo la utilización por parte de EKIN de un organismo "alegal", ABK, cuyo responsable era Azparren, para poner en marcha la campaña de devolución del DNI.

Para Garzón, una serie de documentos demuestran que tras la desaparición de KAS, es EKIN quien, a través de la fundación y de ABK, "asume la dinamización del proyecto desobediente de ETA", vinculado a los objetivos de construcción nacional de la banda.