Jesús Gil condenado a 28 años de inhabilitación por prevaricación

Dos de los delitos de prevaricación han sido cometidos por Jesús Gil en concurso con un delito de tráfico de influencias, según la sentencia, en la que se especifica que la inhabilitación es "para el cargo público de alcalde de Ayuntamiento u otro análogo y honores que lleve aparejados". Por el contrario, se absuelve al alcalde marbellí de los delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y fraude, de los que le acusaba el fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, y que pedía que fuera condenado a 29 años y medio de cárcel y 74 años de inhabilitación.

La Sala también condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación al ex teniente de alcalde Pedro Román, y al director gerente de Eventos 2.000, Modesto Perodia, aunque a éste último con carácter continuado. Además, absuelve al hijo del alcalde, Miguel Angel Gil Marín; al ex asesor jurídico, José Luis Sierra; al vicepresidente del club rojiblanco Enrique Cerezo, y al presidente y vicepresidente del Sevilla, Luis Cuervas, y José María del Nido, respectivamente, al no haber quedado probado los hechos "con el rigor procesal exigible".

El tribunal considera probado que Gil, cuando era presidente del Atlético de Madrid, decidió concurrir a las elecciones municipales de Marbella en 1991 y "sin consultar con autorización del Ayuntamiento ni consultarlo con sus órganos rectores" puso a los jugadores del club rojiblanco el anagrama "Marbella" y "así lograba obtener una propaganda electoral de cara a los ciudadanos".

Más tarde, Gil junto con Pedro Román, cuando ya eran alcalde y primer teniente de alcalde, respectivamente, "acordaron que los jugadores siguieran luciendo el logotipo de Marbella, patrocinio éste, que sería retribuido con cargo a los fondos municipales sin consulta ni autorización alguna de los órganos municipales competentes ni intervención del secretario municipal", se destaca en la sentencia. El 29 de diciembre de 1995 Pedro Román firmó dos decretos autorizando el gasto de 450 millones de pesetas y ordenaba su pago al Atlético de Madrid.

La Sala destaca que el delito de prevaricación se produjo ya que se dictó una resolución "injusta, tácita, arbitraria y caprichosa", y que, "aunque un contrato administrativo no es una resolución, sí es la exteriorización de una decisión"