LD (Lorenzo Ramírez) El Gobierno avisa: vienen "tiempos duros" y los españoles deberán resignarse y esperar a que la tormenta escampe. Mientras tanto, desde Moncloa se plantean parches de dudosa efectividad y que no son apoyados por el Parlamento. Del debate en el Congreso de los Diputados se pueden extraer algunas conclusiones interesantes para determinar el grado de maniobra y voluntad que tiene el Ejecutivo en la aplicación medidas anticrisis.
Todos los grupos parlamentarios atacaron la gestión del Gobierno y su falta de previsión en la pérdida de vigor de la economía, a lo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, replicó con críticas indiscriminadas, especialmente al PP, justificando la existencia de la crisis por la política del ex presidente Aznar a finales de los años noventa y por las turbulencias financieras estadounidenses, que han secado la liquidez de las empresas y ha generado la desconfianza en la salud de los bancos y cajas de ahorros.
Para el inquilino de La Moncloa, la responsabilidad de la crisis se encuentra al otro lado del Atlántico. En su opinión, la “laxitud” de la política de la Administración de EEUU en la “vigilancia” del sector hipotecario ha provocado una crisis que, finalmente, ha llegado a España.
"Que el estancamiento de la economía es culpa del Gobierno es totalmente falso" y "usted sabe que el estancamiento de las economías de la zona euro es la crisis financiera iniciada con la crisis de las hipotecas subprime", dijo Zapatero.
Ataques contra Rajoy
Y si la responsabilidad de que España entre en recesión es del Gobierno norteamericano, el presidente del Gobierno cree que las críticas del PP “no tienen sentido”, ya que, cuando en 2004 Zapatero ganó las elecciones “la tasa de paro rondaba el 11,4 por ciento”, cuatro décimas que la actual, según los datos de la OCDE. Aunque el Ministerio de Trabajo e Inmigración asegura que el indicador es del 10,4 por ciento.
El presidente del Ejecutivo continuó con los ataques a la oposición, pero esta vez en clave personal contra el líder del PP, Mariano Rajoy, al que recriminó "la desgana ante este debate" ya que "no ha acudido a todas las intervenciones de los grupos parlamentarios".
Zapatero pidió a Rajoy que "asuma sus derrotas" ya que el análisis de la situación económica, en su opinión, "no ha tenido seriedad porque ignora que la situación económica en los países desarrollados es de estancamiento económico”, indicó, tras señalar que “otros países del entorno del euro, como Alemania, están atravesando una situación parecida” a la española.
Propuestas del PP
En cuanto a las propuestas del PP, Rajoy insistió en el apoyo a los pymes mediante la reducción del 20 por ciento del Impuesto de Sociedades, austeridad en el gasto público y aumento de las desgravaciones en el IRPF para la compra de vivienda. No obstante, el responsable popular coincide con Zapatero en no proponer una reforma laboral que permita a las empresas mayor flexibilidad en los contratos.
“¿Usted quiere combatir el desempleo en el INEM? Yo prefiero apostar por la pequeña y mediana empresa, usted pone mucho énfasis en los subsidios y poco en la creación de empleo”, espetó Rajoy , quien solicitó “medidas serias” al jefe del Ejecutivo.
En cuanto a las soluciones que plantea el Gobierno, A pesar de que desde Moncloa se había filtrado a varios medios de comunicación que la intervención de Zapatero se centraría en ofrecer soluciones para paliar el espectacular crecimiento del desempleo, el presidente se limitó a anunciar tres iniciativas cuyo éxito está en entredicho antes incluso de llevarlas al papel.
Se trata de la creación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, la inyección de dinero de todos los contribuyentes en el sector de la promoción de viviendas y la ya explicada subida del 6 por ciento de las pensiones mínimas.
Nuevos vehículos de inversión
En primer lugar, la llegada a España de las Real Estate Investment Trust (REIT), es decir, vehículos de inversión que aportan ventajas respecto a otros modelos, como pueden ser los Fondos de Inversión Inmobiliaria que ya existen en España.
Según explica José Luís Suárez, profesor del IESE, “la ventaja de los REIT es que son sociedades anónimas, como cualquier otra empresa, que normalmente cotizan en Bolsa, con la diferencia de que no están gravados por el Impuesto de Sociedades, ya que están obligados a distribuir hasta el 100 por cien de sus beneficios en forma de dividendo a los accionistas”.
Zapatero explicó en el Congreso que las nuevas sociedades cotizadas "contribuirán a dinamizar el mercado inmobiliario", ya que servirán para facilitar el acceso a la inversión en inmuebles al pequeño y mediano ahorrador, proporcionarán flexibilidad a las inversiones inmobiliarias de las empresas y aportarán liquidez a las inversiones en esta actividad.
Esto es cierto, pero sólo cuando los mercados bursátiles pasan por una etapa de estabilidad y cuando los inversores confían en la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, factores que, en la actualidad, no se producen.
El presidente del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Graham Chase, alerta de que “una de las condiciones para garantizar el éxito de estas sociedades de inversión es que se establezcan en países que gozan de una economía y un mercado de valores estable, y podría ser bastante peligroso que se introdujeran en mercados con grandes fluctuaciones”.
En la actualidad, todo lo que suene a ladrillo provoca el terror en los inversores, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, por lo que parece difícil que la medida remonte la actividad de las promotoras.
Dinero de todos para premiar la ineficiencia
En segundo lugar, el presidente apostó por destinar dinero público, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para salvar la cara a unas inmobiliarias que se han endeudado hasta límites insospechados, han destinado parte de sus recursos a aventuras empresariales en otros sectores de actividad y han adoptado un modelo de negocio a todas luces insostenible, sobre todo en una economía donde la deuda de las familias supera en un 20 por ciento su renta disponible, con un entorno alcista de tipos de interés.
A todo ello, se añade ahora la destrucción de empleo y una inflación desbocada, lo que lastrará aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos.
En concreto, el Gobierno dará 3.000 millones de euros para financiar a los promotores que pongan sus pisos en alquiler, lo que, según Zapatero, permitirá ampliar los plazos de los préstamos que han solicitado estas empresas para la construcción de viviendas, ya que el sector financiero ha cortado el grifo a las inmobiliarias como consecuencia del hundimiento de las ventas y la caída de los precios, que ya alcanza el 8 por ciento.
En España sí hay subprime
Lo que Zapatero no explicó es que los bancos y cajas de ahorros no prestan dinero a las promotoras porque no lo podrán devolver. Aunque para el inquilino de La Moncloa la razón de la crisis de liquidez internacional se encuentra en el estallido de la crisis de las hipotecas basura en EEUU (subprime), esto no implica la falta de responsabilidad nacional.
El hecho de que una empresa realice una gestión de negocio pésima no le habilita para recibir dinero de todos los contribuyentes, ya que esto premia la ineficiencia. Es lo que ha pasado con el rescate del sector hipotecario norteamericano y, tras un primer día de euforia, los mercados ya castigan la política intervencionista del otro lado del Atlántico.Y es que el déficit de EEUU se ha triplicado tras esta operación de salvamento.
Además, y en contra de lo considerado por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, a las pocas semanas del derrumbe financiero en EEUU, en España sí que hay hipotecas de alto riesgo, Sólo hay que analizar la evolución de las titulizaciones hipotecarias de las entidades españolas, que es la forma en la que los bancos y cajas comparten el coste del préstamo para la compra de vivienda con los inversores. Estos bonos son hoy papel mojado y ninguna entidad extranjera apuesta por esta vía para mejorar su negocio.
Modelo de pensiones “insostenible”
La tercera medida que propuso Zapatero es el aumento de las pensiones mínimas en un 6 por ciento para el próximo año. Esta subida añadirá más factores de riesgo a la evolución futura del sistema de pensiones, que, según un informe interno del Ministerio de Trabajo e Inmigración, es ya “insostenible”.
El estudio, elaborado por la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid, el sindicato UGT y la consultora Labour Asociados, pone en tela de juicio la viabilidad del sistema si no se reducen las pensiones, ampliando el periodo de cotización a toda la vida laboral.
De esta forma, a la hora de calcular la pensión entrarían en ponderación los primeros años de la vida laboral que, en líneas generales, tiene retribuciones más bajas que los del final de la carrera (en la actualidad se tienen en cuenta los últimos 15 años para calcular la prestación).
Otra vía para evitar que la Seguridad Social entre en déficit sería aumentar las cotizaciones sociales, según Trabajo, pero esto es imposible si lo que se persigue es crear empleo. A más cargas empresariales menos incentivos para contratar.
Desviación del IPC
Y todo ello, sin contar con la carga que supondrá para las arcas publicas la compensación a los pensionistas por la desviación del Indice de Precios de Consumo (IPC). La ley obliga a compensar a este colectivo por cada décima que separe a la inflación del 2 por ciento.
Las previsiones de la Comisión Europea (CE) revelan que España cerrará el año con una inflación del 4,5 por ciento, es decir, dos veces y media por encima del objetivo. Eso sí, Zapatero apuntó este miércoles que la tasa se situará en el 4 por ciento a final de año, ya que “la CE siempre se equivoca”.
En definitiva se tratan de parches que no sólo no van a impulsar la economía española, sino que dificultarán la salida de la recesión en el largo plazo. En épocas de vacas gordas siempre es necesario ajustarse el cinturón y adoptar medidas que, aunque sean impopulares, son necesarias. Son las tantas veces mencionadas y nunca realizadas “reformas estructurales”, entre las que destacan la reforma del mercado laboral para dotarlo de flexibilidad, la congelación de los sueldos de los cargos públicos (de todos) y la liberalización de sectores intervenidos, entre otras iniciativas. Pero de esto, nada de nada.