Erre que erre. Algunos políticos o bien no aprenden o bien no quieren aprender. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció una conferencia en la cumbre empresarial organizada en Seúl antes de comenzar la reunión del G-20 bajo el título Crecimiento verde. De este modo, se atrevió a dar lecciones sobre cómo crear empleo al resto de economías avanzadas. Y ello, pese a que España lidera la tasa de paro de la zona euro y la OCDE (las 30 economías más importantes del planeta) con una tasa superior al 20%.
Durante su intervención, Zapatero aseguró que el sector de las energías renovables, el transporte, la edificación sostenible y la ecoindustria tienen en España potencial de crecimiento suficiente para crear hasta un millón de puestos de trabajo en los próximos diez años.
El objetivo de España, indicó, es lograr que en 2020 al menos el 20% de la energía final provenga de fuentes renovables, reducir en un 20% la intensidad energética y que las emisiones de CO2 bajen un 10% respecto a los actuales niveles. Como ejemplo de los logros conseguidos, destacó que desde 2004 el peso de las renovables en el consumo energético español se ha incrementado un 50%, que el 30% de la electricidad proviene ya de fuentes limpias y que se ha reducido el consumo energético por unidad e PIB en un 13%.
Sin embargo, su discurso de economía verde no trató el enorme coste de esta estrategia. Zapatero o bien oculta o bien ignora que el impulso y apoyo a las energías renovables depende, en gran medida, de las abultadas subvenciones y ayudas públicas que recibe el sector, sufragadas con el dinero de todos los contribuyentes. Sin duda, España se ha convertido en una potencia mundial en energías renovables, pero la cuestión es: ¿a qué precio?
Entre 2000 y 2008, el Gobierno español ha comprometido un total de 28.671 millones de euros -descontada la inflación- en subsidios públicos al fomento de energías renovables. Un dinero que ha sido o será sufragado íntegramente por el bolsillo de los ciudadanos, ya sea mediante nuevas subidas en el precio de la luz o aumento de impuestos.
De hecho, esta factura no ha dejado de aumentar año tras año. Así, el coste de las ayudas públicas a la generación de este tipo de energía pasó de 2.260 millones de euros en 2007 a casi 6.000 millones de euros en 2009 (casi tres veces más en tan sólo tres años). El sector solar se llevó casi la mitad del pastel el pasado año, con 2.594 millones. Las subvenciones verdes dispararon un 23% el coste final de la factura eléctrica en 2009, con sus consiguientes efectos sobre el denominado déficit tarifario (la diferencia entre el coste real de la electricidad y lo que cobran las eléctricas), una deuda que tarde o temprano es sufragada por el consumidor vía impuestos o subidas en el precio de la luz.
El propio sector energético estima que, de seguir así, el sistema de primas a las renovables costará al conjunto de los españoles unos 10.000 millones de euros al año en 2020, una cifra "insostenible". Tanto es así que hasta el propio Ministerio de Industria ha decido recortar las primas al sector.
Así pues, el desarrollo de las renovables, transporte ecológico (como, por ejemplo, el coche eléctrico), edificación sostenible y ecoindustria, que tanto defiende Zapatero, tan sólo es posible gracias a la inyección de dinero público. ¿Problema? Dicho apoyo supone restar recursos al resto de la economía española, vía impuestos a empresas y trabajadores del sector privado, y, por lo tanto, capacidad de ahorro e inversión a sectores productivos que no precisan de subvenciones para subsistir y crecer.
Zapatero destruye empleo
En este sentido, cada "empleo verde" ha necesitado subvenciones por valor de 571.138 euro entre 2000 y 2008, de modo que cada puesto de trabajo creado en España en el sector de las renovables ha destruido un promedio de 2,2 empleos en el resto de la economía, según el Estudio de los Efectos del Apoyo Público a las Energías Renovables sobre el Empleo, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con analistas del Instituto Juan de Mariana (IJM). Como resultado, este despilfarro de recursos ha provocado la destrucción neta de 113.000 puestos de trabajo en la economía española durante dicho período.
Si Zapatero promete ahora crear 1 millón de trabajos adicionales hasta 2020 gracias a la economía verde, en base a dichos cálculos, la propuesta del presidente supondrá la destrucción de 2,2 millones de empleos en sectores productivos o, lo que es lo mismo, una media de 220.000 puestos de trabajo al año desaparecerán (nunca serán creados) por culpa de esta estrategia política.
Y es que, "la industria verde nunca fue una solución para la crisis", tal y como señala Gabriel Calzada, presidente del IJM, y uno de los autores del citado informe. El estudio alcanzó una enorme relevancia internacional, ya que desvela el gran fiasco del modelo verde español. De hecho, fue empleado por los republicanos de EEUU para frenar al presidente Barack Obama en su intención de imitar la política verde española.
Quizá Zapatero logre crear 1 millón de empleos verdes hasta 2020, pero su promesa oculta la destrucción de 2,2 millones de puestos de trabajo productivos en España en caso de que, finalmente, cumpla su objetivo.