(Libertad Digital) Se las prometía muy felices, pero el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha logrado enfrentar una vez más a la práctica totalidad de los Ejecutivos autonómicos entre sí, por una parte, y con la Administración Central, por otro.
Si el vicepresidente económico pensaba que con la publicación de las balanzas fiscales -y con el avance del nuevo modelo de financiación- iba a recibir aplausos, entonces se ha equivocado. Solo están contentos andaluces y manchegos.
Solbes ya ha definido en más de una ocasión que la reforma del sistema de reparto de fondos públicos como un “sudoku” autonómico, debido a las grandes complicaciones que se generan al intentar contentar a todos los implicados. En esta ocasión, a tenor por las reacciones al modelo, no ha logrado encontrar las respuestas correctas.
Cataluña y Baleares -ambas gobernadas por socialistas- se despacharon ayer a gusto contra un documento del que únicamente se desprende que el Gobierno no está dispuesto a ofrecer recursos adicionales a las comunidades autónomas hasta que “las disponibilidades presupuestarias lo permitan”, lo que, teniendo en cuenta el paupérrimo estado de las cuentas públicas, parece que no se producirá hasta dentro de unos años, o décadas.
Por lo tanto, y tal como señala el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, la única forma de responder a las necesidades financieras autonómicas, como plantea la reforma Solbes, es subiendo impuestos. La vieja receta socialista para superar las crisis está sobre la mesa, en lugar de bajar la presión fiscal para fomentar el consumo y la inversión se suben los impuestos.
Montoro critica que el Gobierno “no sea capaz de llevar adelante, con el rigor que la situación exige, un pacto político para la renovación del sistema de financiación”. Y es que, por intentar contentar a todos no se contenta a nadie. De hecho, la mayoría de los receptores ha mostrado ya su descontento. “Es una maniobra de distracción de un Gobierno confundido”, dice el portavoz popular.
Y es que el documento avanzado por Solbes no es concreto, al sólo mencionar la población como uno de los factores que determinarían el reparto en el nuevo modelo. “No se habla de la cobertura de suficiencia y no hay ni una sóla palabra sobre la solidaridad territorial”, denuncia Montoro.
“El PP se muestra preocupado porque lo único que podemos deducir es que, detrás de ello, estaría el anuncio de subida de impuestos para los españoles y no están los elementos de austeridad, de rigor, de control de gasto público, que deben regir la financiación autonómica en un momento de crisis económica tan profunda como la que padecemos”, señala el portavoz del PP.
Decálogo autonómico
La única novedad del documento es la cesión del 50% del IRPF, IVA e impuestos Especiales a todas las comunidades autónomas, de forma que Solbes se cubre las espaldas ante los compromisos pactados en el Estatuto catalán. El vicepresidente se comprometió a cumplir con las exigencias nacionalistas antes del 9 de agosto, fecha incluida en el Estatuto para sellar el nuevo marco de relaciones financieras entre Cataluña y el Estado.
El decálogo presentado a la prensa incide en principios que ya garantiza la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), tales como la suficiencia financiera, la lealtad institucional o la garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales.
Pero el Gobierno no ha detallado cómo va a financiar el espectacular aumento de la población que se ha producido en España (casi cinco millones de habitantes más) desde 1999, año base del modelo vigente. Sobre este punto, el Ministerio de Economía se limita a decir que “se buscará un acuerdo para ponderar las variables de distribución, especialmente la población”.