LD (Europa Press) La política de fijación de precios está multiplicando los problemas dentro del sector eléctrico. Una de las medidas del famoso decretazo que amplió las atribuciones de la CNE para que pudiera frenar la OPA de E.On sobre Endesa ordenó un precio de intercambio de la energía de 42,35 euros para aquellas compañías que, como Endesa o Iberdrola, tuvieran empresas generadoras y distribuidoras. Esta separación entre generación y distribución se ordenó en la ley llamada de liberalización de la energía, de 1997.
La medida de casación de la compraventa de electricidad a un precio fijo cayó muy mal en el sector. Pero el campanazo lo ha dado Iberdrola, al decidir limitar el precio de sus compras en el mercado mayorista de la electricidad, o pool, a un máximo de 33 euros por megavatio, ya que no estaba dispuesta a seguir "dilapidando el capital" de la compañía. Esta decisión está respaldada por la legislación, alegó entonces la empresa, y de hecho está resaltada por dos dictámenes jurídicos.
Sin embargo, la decisión de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán no ha caído bien entre sus competidores, que no han secundado a Iberdrola, e incluso la critican por haber dado ese paso. La decisión de Iberdrola provocó una caída de precios y que parte de las ofertas quedaran sin casar. Este martes, en un encuentro con los medios de comunicación, Pedro López Jiménez, presidente de Unión Fenosa, ha subrayado que esta decisión de la eléctrica que preside Ignacio Galán "es legal y no supone un fraude de ley" y que "está bien" porque servirá para precipitar el fin de la transitoriedad regulatoria actual que atraviesa el sector eléctrico.
Sobre la situación regulatoria actual, el presidente Unión Fenosa insistió en que esta situación de transitoriedad debe terminar y que la realidad es que el precio de casación está por debajo de la media europea. "Nosotros estamos por la liberalización del mercado, lo regulado distorsiona el sistema", ha reconocido López Jiménez. "Estamos en contra de la tarifa aunque no tengamos más remedio que soportarlo. La realidad está marcada por tarifas con contenido político y social", dijo para después mostrar su desacuerdo también con las subvenciones a la energía eólica y con la inclusión de la emisión de gases de efecto invernadero como coste de producción. Para López Jiménez, la regulación actual no traslada el mensaje a la sociedad de que la energía es un bien "caro y escaso", concluyó.
El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, también calificó de "gravísima irresponsabilidad" la estrategia de Iberdrola en el mercado mayorista de la electricidad ('pool'), porque "si se manipula la demanda" se alimenta la idea de que "los operadores pueden regular el mercado" y "si todos hicieran lo mismo, sería el fin del mercado".