LD (EFE) De acuerdo con el Banco de España, las empresas españolas sufren el problema de una ausencia de política autónoma de fijación de precios en mayor medida que las que actúan en los países de la Zona Euro, donde el 18,7 por ciento no puede fijar sus precios libremente. Además, poco más de la mitad del tejido empresarial español (51,9 por ciento) determina el precio estableciendo un margen de beneficio sobre el coste del producto o servicio, mientras que el 26,6 por ciento lo fija en función de lo establecido por sus competidores.
El Banco de España aprecia notables diferencias en la fijación de precios de aquellas empresas que operan en un entorno de competencia reducida y en un entorno de competencia elevada. En este caso, el 44,1 por ciento determina sus precios en función del coste del producto o servicio, mientras que el 40,5 por ciento mira a sus competidores para determinar sus precios. Tan sólo el 15,3 por ciento de este tipo de sociedades se ve obligado a establecer el valor por imposición del sector público o de sus clientes principales.
Entre las empresas que disfrutan de poca competencia es más habitual que carezcan de una política autónoma de precios (así sucede con el 27 por ciento), mientras que el 61,3 por ciento determina sus precios aplicando un margen de ganancia y el 11,8 por ciento, en función de sus competidores.
Para el Banco de España, las estrategias de fijación de precios de las compañías más competitivas (revisión habitual de precios en función de un amplio conjunto de variables) conllevan una mayor capacidad de reacción ante perturbaciones de diverso origen, lo que "propicia, en última instancia, una asignación más adecuada de los recursos de la economía". Por ello, subraya la importancia de incrementar la competencia para avanzar en la "flexibilidad de los mercados de bienes y, todavía en mayor medida, de servicios".
El Banco de España aprecia notables diferencias en la fijación de precios de aquellas empresas que operan en un entorno de competencia reducida y en un entorno de competencia elevada. En este caso, el 44,1 por ciento determina sus precios en función del coste del producto o servicio, mientras que el 40,5 por ciento mira a sus competidores para determinar sus precios. Tan sólo el 15,3 por ciento de este tipo de sociedades se ve obligado a establecer el valor por imposición del sector público o de sus clientes principales.
Entre las empresas que disfrutan de poca competencia es más habitual que carezcan de una política autónoma de precios (así sucede con el 27 por ciento), mientras que el 61,3 por ciento determina sus precios aplicando un margen de ganancia y el 11,8 por ciento, en función de sus competidores.
Para el Banco de España, las estrategias de fijación de precios de las compañías más competitivas (revisión habitual de precios en función de un amplio conjunto de variables) conllevan una mayor capacidad de reacción ante perturbaciones de diverso origen, lo que "propicia, en última instancia, una asignación más adecuada de los recursos de la economía". Por ello, subraya la importancia de incrementar la competencia para avanzar en la "flexibilidad de los mercados de bienes y, todavía en mayor medida, de servicios".
Según el Banco de España, las empresas españolas suelen revisar en mayor medida sus precios a intervalos predeterminados, aunque sólo un 10 por ciento de las que operan en sectores muy competitivos lo hace al menos 12 veces al año (el 3 por ciento en sectores con poca competencia). Así, "las empresas que operan en entornos muy competitivos mantienen sus precios inalterados, en promedio durante 10 meses en España y 11 meses en el área del euro, mientras que en sectores poco competitivos la duración media es de 12 meses en España y de 13 meses en el área del euro", señala el organismo.