Pues me parecen muy bien estas "multas coercitivas" sobre el "patrimonio personal" de los alcaldes. Confiemos en que cunda el ejemplo, porque podría ser la única solución al permanente despilfarro de muchos "manirrotos" que están en los ayuntamientos.

Cómo se puede consentir que un ayuntamiento gobernado por el PP como es el de Málaga, que arrastra deudas millonarias y las calles principales (a pesar de lo que se paga de contribución) en demasiadas ocasiones no cumplen los mínimos de limpieza y mantenimiento deseable, contrate para cubrir parte de los actos de inauguración de las próximas "fiestas" de Agosto, al sectario Miguel Bosé.

Este tipo que es un oportunista, “pone a caer de un burro" con demasiada frecuencia al PP, a sus políticos y a sus votantes, y ahora llega este alcalde "acomplejado" y contrata a este “sectario”. Seguramente para que no le digan que es de derechas. Pues sí, el Partido Popular es un partido DEMOCRÁTICO de derechas, y además, a mucha honra.

Ya quisieran muchos de esos “progres-rojillos”, tener el sentimiento democrático que han demostrado, en situaciones límites, los muchos votantes del Partido Popular.

Así que ya va siendo hora, de que todos los políticos del PP respeten los sentimientos de los ciudadanos que los apoyan sin complejos, y aprendan a mantener una conducta de coherencia. Porque en España hay muchos y muy buenos artistas (que están padeciendo los efectos de la crisis), que además de ser buenos profesionales, saben respetar a todo el mundo, incluidos, los que no son de su cuerda... para haber recurrido a este

Si esto mismo se hubiese aplicado a TODOS estos despilfarradores compulsivos, seguro que el resto de los españoles no estariamos en la situación en la que estamos ahora. Y lo que nos queda.

Parece que en Suiza ni alcalde ni ningun ente publico no puede gastar mas dinero de lo que recoge ... sin un referendum que lo aprueba.

No solo el alcalde puede responder con sus bienes, sino los concejales que hayan apoyado alguna decisión que traiga como consecuencia un quebranto para las cuentas municipales, aunque aqui creo que seria mejor que lo explicase un abogado. Que no se apliquen es otra cosa, pero si se generalizase la aplicación tendriamos varias consecuencias: Una gestion teoricamente mas responsable, menos gente interesada en ser representante, los que quieran serlo pediran mayores sueldos o garantias...........

No se yo si Gallardón va a tener tanto dinero jajaj

magnífica noticia, espero que cunda el ejemplo y se extienda también a presidentes autonómicos y del gobierno.

Yo, como Santo Tomás, si no lo veo, no me lo creo. Esta es una demasiada buena noticia para ser cierta.
Aunque también, todo es posible en esta España nuestra.
Pero digo que no caerá esta breva

Pues no estaria mal que esta sentencia prosperase, y de hay para alante igual con todos los ayuntamientos morosos.

No me creo nada de la sentencia. Quiero decir, que no creo que al final prospere. Algún recurso habrá que finalmente libre a este Alcalde de la carga económica que se le ha impuesto y misteriosamente, al juez lo trasladarán con la anuencia de sus compañeros de judicatura, fieles a las consignas gubernamentales.

Sin embargo, así debería ser. Cualquier empresario arrastra sobre sí el riesgo de sus errores, sus dispendios y sus liberalidades. Igualmente, los Administradores de las Sociedades son responsables civilmente de aquellos que hagan mal, bien a sabiendas bien por ignorancia inexcusable.

Sin embargo, la clase política posee lo que se llama INMUNIDAD, que en la mayor parte de los casos se convierte en IMPUNIDAD. Lo que dice esta sentencia debería elevarse a Ley, pero no caerá esa breva.

Porque entonces el primero que tendría que salir corriendo con lo puesto, sería Zapatero y los Sindicatos. Solbes, con la venta de las reservas de Oro de España ya habría salido en teoría mucho tiempo antes.

Pero tranquilos, que al final todo se quedará en nada. Y si no...al tiempo.

De la Ley 30/92 del Regimen Jurídico de las Adminsutracione públicas:

Artículo 144. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y siguientes de esta Ley.