L D (Agencias) La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", ha dictado un auto en el que concluye la investigación de la causa. En el texto, la letrada indica que se han apreciado varios indicios que indican los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documental.
De acuerdo con la información suministrada por la agencia Europa Press, Palacios ha dado un plazo a las acusaciones para que se pronuncien sobre si consideran necesario algún nuevo testimonio, y sobre si procede o no la apertura de juicio oral. En caso de que se proceda esto último, las acusaciones deberán formular un escrito de acusación en un plazo no mayor de 20 días a la Fiscalía. En lo que se refiere al auto dictado, existe un plazo de tres días para su presentar un recurso en contra.
La jueza también dictaminó que entre los imputados no estarán los ex presidentes de la CNMV Juan Fernández Armesto y Pilar Valiente, y del ex vicepresidente Luis Ramallo, como fuera solicitado por varias acusaciones particulares. En su notificación, la magistrada también desestima la petición de esas mismas acusaciones de llamar a declarar como imputados al ex secretario de la CNMV Antonio Alonso Ureba; al ex subgobernador del Banco de España Miguel Martín Fernández; al ex consejero de la CNMV José Manuel Barberán; y a José María Roldán, que fue jefe de gabinete de Rodrigo Rato cuando éste era ministro de Economía.
Adicae protesta
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), anunció en una nota de prensa hecha pública este jueves, que recurrirá tanto contra el auto que decide no imputar a ex responsables de la CNMV, como contra la resolución de concluir la investigación del caso y pedir opinión a las acusaciones sobre si procede la apertura de juicio oral.
De acuerdo con la asociación, la juez pretende "cerrar en falso la investigación sobre Gescartera sin que se haya clarificado ni una décima parte de la monumental estafa. El cierre de la investigación se produce a pesar del absoluto desconocimiento del destino de más de 108 millones de euros defraudados y sin haber llamado a declarar a personas cuya implicación o relación directa con los hechos es evidente".