(Libertad Digital) Telefónica de España, S.A. anunció que ha comenzado los trámites internacionales para presentar una demanda de arbitraje contra el Gobierno argentino, al considerar que éste atentó contra los intereses de la empresa durante la crisis económico-política de 2001 y 2002. Durante este período, Argentina aplicó un conjunto de medidas de choque (la “Legislación de Emergencia Económica”) que hoy afecta la cuenta de resultados y los balances de situación de la operadora.
La empresa española se basa, principalmente, en que la medida de la congelación de tarifas adoptada por el gobierno gaucho durante la crisis le ha contabilizado un impacto negativo de 3.300 millones de euros, según cuenta el diario Expansión . Dicha cantidad se reparte entre la cuenta de resultados (369 millones de euros en 2001 y 354 millones en 2002), y el balance de situación (1.424 millones en 2001 y 1.147 en 2002). Lo que más preocupa a la operadora, afirma la propia compañía, es que la crisis persiste y podría seguir ocasionando pérdidas por tercer año consecutivo.
De acuerdo con Expansión , Telefónica hace referencia, para sustentar su demanda, al convenio suscrito entre los gobiernos españoles y argentino denominado “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de la Inversión entre la República Argentina y el Reino de España” en octubre de 1997. La ley aplicada por Argentina para solventar la crisis implicó el abandono del patrón dólar (pesificación), y el congelamiento de las tarifas en función de la economía estadounidense. La demanda se presenta, junto con la de otras empresas no argentinas en situación similar, ante el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial.
Un tribunal de Río congela las tarifas de Telefónica
Las tarifas Telemar, la operadora de telefonía fija de Telefónica de España, fueron congeladas en Río de Janeiro por un tribunal de ese estado, que podría extenderse a otras regiones de Brasil. De acuerdo con informaciones provenientes de la casa de inversiones Espirito Santo ByM, la mayoría de estas decisiones son revocadas en Brasil porque carecen de base legal. Sin embargo, son comunes este tipo de medidas en los juzgados. “En este caso no vemos base legal porque Anatel (regulador de telecomunicaciones) sólo implantó lo que está definido en los actuales contratos de concesiones. Sin embargo, al haberse mostrado parte del Gobierno en contra del aumento de tarifas, podríamos tener alguna noticia negativa”. Telesp representa un 10% de los ingresos y un 8% de la valoración de Telefónica.
La empresa española se basa, principalmente, en que la medida de la congelación de tarifas adoptada por el gobierno gaucho durante la crisis le ha contabilizado un impacto negativo de 3.300 millones de euros, según cuenta el diario Expansión . Dicha cantidad se reparte entre la cuenta de resultados (369 millones de euros en 2001 y 354 millones en 2002), y el balance de situación (1.424 millones en 2001 y 1.147 en 2002). Lo que más preocupa a la operadora, afirma la propia compañía, es que la crisis persiste y podría seguir ocasionando pérdidas por tercer año consecutivo.
De acuerdo con Expansión , Telefónica hace referencia, para sustentar su demanda, al convenio suscrito entre los gobiernos españoles y argentino denominado “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de la Inversión entre la República Argentina y el Reino de España” en octubre de 1997. La ley aplicada por Argentina para solventar la crisis implicó el abandono del patrón dólar (pesificación), y el congelamiento de las tarifas en función de la economía estadounidense. La demanda se presenta, junto con la de otras empresas no argentinas en situación similar, ante el Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco Mundial.
Un tribunal de Río congela las tarifas de Telefónica
Las tarifas Telemar, la operadora de telefonía fija de Telefónica de España, fueron congeladas en Río de Janeiro por un tribunal de ese estado, que podría extenderse a otras regiones de Brasil. De acuerdo con informaciones provenientes de la casa de inversiones Espirito Santo ByM, la mayoría de estas decisiones son revocadas en Brasil porque carecen de base legal. Sin embargo, son comunes este tipo de medidas en los juzgados. “En este caso no vemos base legal porque Anatel (regulador de telecomunicaciones) sólo implantó lo que está definido en los actuales contratos de concesiones. Sin embargo, al haberse mostrado parte del Gobierno en contra del aumento de tarifas, podríamos tener alguna noticia negativa”. Telesp representa un 10% de los ingresos y un 8% de la valoración de Telefónica.