LD (Europa Press) La empresa que preside César Alierta sostiene que se han vulnerado sus derechos de defensa, pues la decisión de la Comisión se basa en elementos de hecho que no fueron comunicados a Telefónica durante el procedimiento administrativo, por lo que la empresa no ha podido manifestar su punto de vista.
Además, asegura que Bruselas cometió errores de hecho y de Derecho al definir tres mercados mayoristas diferentes de acceso al ADSL mayorista y no uno único, así como en relación con la presunta posición de dominio de Telefónica.
La compañía denuncia asimismo errores de Derecho en relación con la conducta abusiva de Telefónica respecto a los precios, que han estado y están en línea con los del resto de Europa. De hecho, el descenso de los precios de banda ancha en los últimos años está por encima del 20 por ciento y actualmente los precios de ADSL en España están en la zona intermedia de operadores europeos.
Telefónica considera que la Comisión cometió errores de cálculo que invalidan su metodología y no probó suficientemente el presunto impacto negativo sobre la competencia de la conducta de la compañía. Además, el mercado de banda ancha no se ha visto afectado, pues cuenta con operadores sólidos y solventes, el número de accesos se ha multiplicado por cinco desde 2003 y la cuota de mercado de Telefónica ha caído hasta el 53 por ciento.
La operadora pide también la anulación de la multa por considerar que Bruselas actuó 'ultra vires', vulnerando los principios de subsidiariedad, proporcionalidad, seguridad jurídica, cooperación leal y buena administración al intervenir donde ya había un regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), a cuyas exigencias se ajustó "en todo momento y de forma escrupulosa" la actuación de Telefónica.
En el recurso, a título subsidiario, Telefónica pide la anulación o reducción de la multa pues la Comisión Europea comete errores al considerar que la infracción fue cometida de manera deliberada o gravemente negligente, y también denuncia que el Ejecutivo comunitario vulneró los principios de proporcionalidad e igualdad al determinar el importe de la multa.
Así, existen dos antecedentes de multas a operadores europeos, pero las sanciones se limitaron a 12,6 millones en el caso de Deutsche Telekom --este caso está a la espera de sentencia firme-- y a 10,3 millones en el caso de Wanadoo.
Por último, Telefónica considera que la medida de Bruselas vulnera los citados principios a la hora de determinar el importe de la multa. En este sentido, la operadora estima que la decisión carece de sustento factual y de fundamentos jurídicos, y que incurre en contradicciones y en falta de motivación para calificar la infracción como "muy grave".
Asimismo, estima que el Ejecutivo comunitario carece de fundamentos jurídicos para incrementar la multa con vistas a garantizar un efecto disuasorio, así como para calificar la infracción de "larga duración".
El Gobierno español tiene de plazo hasta el próximo 10 de noviembre para recurrir la multa impuesta por Bruselas a Telefónica, una vez recibida la comunicación oficial por parte del Ejecutivo Comunitario el pasado 31 de agosto.
Así lo indicó el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, durante un encuentro con la prensa celebrado la semana pasada en Santander.
Por su parte, la CMT solicitó al Gobierno tras conocerse la sanción que recurriera la multa ante el Tribunal de Justicia de la UE. En un comunicado, el regulador puso de relieve "cómo las irregularidades que a su juicio presenta la decisión afectan gravemente a la coherencia que debe presidir las actuaciones sobre los mercados de comunicaciones electrónicas".
Además, la CMT estimó que la decisión adoptada por Bruselas vulnera el principio de cooperación leal con las administraciones nacionales que el Derecho ordinario y la jurisprudencia comunitaria exigen a las instituciones comunitarias, entre sí y con los estados miembros de la UE.