LD (Europa Press) Para la agencia, el decreto "aporta nuevas evidencias del significativo nivel de inestabilidad política en el país" y consolida los actuales bajos niveles de calificación crediticia. Antes de la medida, S&P ya achacaba al país el "entorno político impredecible" y "las presiones sociales para una mayor intervención del Gobierno". "Las complejas y tumultuosas derivas sociales y políticas, que ya han llevado a la retirada de dos presidentes bolivianos, son factores clave que explican los actuales 'rating' concedidos al Gobierno", argumenta.
Según S&P, las medidas actuales reducen aún más la capacidad para atraer inversión hacia el sector de los hidrocarburos. El decreto, señala, "carece de detalles acerca de su cumplimiento" y "refleja una promesa electoral", por lo que "parece más un esfuerzo político para ganar posiciones que un plan concreto diseñado para mejorar la participación directa del Estado en el sector".
S&P recuerda que las empresas afectadas cuentan con un plazo de 180 días para renegociar su situación en Bolivia y que las compañías que operan en los principales yacimientos verán aumentar las cargas fiscales del actual 50 por ciento al 82 por ciento. Para la agencia, existen varios puntos sin concretar. Cualquier cambio en la estructura impositiva boliviana, señala, requiere el visto bueno del Congreso del país, lo que no ha ocurrido en esta ocasión. Tampoco se especifica de dónde sacará fondos el Estado para hacerse con los activos necesarios para aplicar el plan ni qué capacidad operativa y fiscal tendrá la petrolera estatal YPFB.