La nueva Ley Verde aprobada por el Gobierno contempla una mayor transparencia en lo que se refiere a la remuneración del personal directivo no sólo del sector financiero, sino de todas las sociedades cotizadas. Además del informe de remuneración que deberán elaborar estas empresas, el Banco de España prestará una especial atención a estas políticas de remuneración para que sean "responsables" y las entidades financieras deberán publicar información sobre sus políticas de retribución.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, que presentó al término del Consejo de Ministros el citado texto, indicó que las políticas de retribución de las entidades financieras deberá ser "parte de una gestión prudente" para evitar que medidas centradas en el corto plazo "pongan en riesgo" la estabilidad del sistema financiero en su conjunto.
El Gobierno también reducirá los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo. El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitarán a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
Por otro lado, la norma incluye una reforma "ambiciosa" de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal, y hará cambios en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como reducir a cinco su número de consejeros.
Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora medidas sobre la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, la agilización en la creación de empresas o mejoras fiscales a la rehabilitación de viviendas, a la I+D+i o a las políticas medioambientales, así como modificaciones en la ley de contratos públicos.