Salgado aprueba por vía urgente la ocultación de pérdidas bancarias

El Gobierno aprobará por la vía urgente y casi a escondidas dos cambios legislativos clave para que bancos y cajas puedan seguir ocultando pérdidas en sus balances. El pasado diciembre el Ejecutivo lanzó un salvavidas clave para el sistema financiero español, haciendo uso de una particular artimaña contable.

En concreto, incluyó una disposición final en su anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que cambia un aspecto básico de la Ley del Suelo, aprobada en 2007: amplía de 3 a 6 años el plazo máximo para actualizar el valor de los terrenos urbanizables delimitados.

La Ley del Suelo establecía que los promotores disponían de un máximo de 3 años para comenzar a construir en los suelos urbanizables que contaran con plan de ordenación urbanística, y así convertirse en urbanos. Pasado este plazo, el terreno pasaría a estar calificado como "rural", con lo que su valor simplemente se desplomaría. El problema es que un enorme volumen de terrenos se encuentra en esta situación debido al hundimiento del sector inmobiliario que, precisamente, comenzó a finales de 2006.

Las quiebras de promotores y constructores se han disparado desde entonces y, como resultado, bancos y cajas se han visto obligados a incorporar a sus balances los activos (pisos y suelo) de estas compañías. Según la Ley del Suelo, puesto que la mayoría de proyectos están paralizados, las entidades tendrían que reducir drásticamente en sus balances el valor del suelo urbanizable embargado, pasando a contabilizarlo como suelo agrícola (muy inferior).

Los expertos del sector coinciden en que el mayor problema para la banca se encuentra en este ámbito, ya que el desplome del sector impedirá durante bastante tiempo el inicio de nuevos proyectos. El suelo es el gran agujero negro del sistema financiero nacional, ya que es donde se registrarán más pérdidas.

Sin embargo, la aprobación de la Ley de Economía Sostenible aún no se ha producido. En la actualidad, el proyecto está en pleno trámite parlamentario, tras su aprobación en Consejo de Ministros la pasada semana. Dada la situación, Economía ha decidido tirar por la calle de en medio anticipando la puesta en marcha de esta trampa contable.

Anticipa su aprobación

Así, el documento de medidas anticrisis presentado ayer por la ministra de Economía, Elena salgado, incorpora dos disposiciones -las últimas del documento- para inflar, no sólo el suelo urbanizable, sino también el agrícola. La primera propuesta, que serán aprobadas por Decreto Ley en el Consejo de Ministros del próximo martes, establece el “mantenimiento para el ejercicio 2010 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable”.

Es decir, impide que se valore como agrícola el suelo urbanizable no construído en plazo y, de este modo, frena su depreciación, eliminando el nuevo sistema de valoración que imponía la Ley del Suelo (reestablece el mecanismo anterior, de la ley del 98). Las entidades podrán seguir contabilizando estos activos a un precio inflado.

Pero es que, además, realiza una operación similar con el suelo agrícola. La Ley del Suelo obligaba a valorar este tipo de terrenos en base a la “capitalización de rentas en el suelo rural” (según el valor del cultivo potencial que pueda albergar el terreno)  y no en función de las expectativas urbanísticas (uso potencial del mismo). Este cambio trascendental en la valoración hundía, en la práctica, su precio.

Ahora, sin embargo, el Gobierno da marcha atrás. Así, el texto acordado en las denominadas conversaciones de Zurbano abre “la posibilidad de valoración del suelo agrario mediante  un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado”, reformando para ello la Ley del Suelo de 2007. De este modo, también pretende hinchar el valor de este tipo de terrenos.

Todo ello tiene como fin ocultar o minorar las pérdidas que tendrían que asumir bancos y cajas como consecuencia de incorporar a sus balances este tipo de activos.

Banca pública y límites al embargo

En otro orden de cosas, el documento que se aprobará el próximo martes, recupera la figura de la banca pública.  El Gobierno permitirá al Instituto de Crédito Oficial (ICO) conceder préstamos directos a pequeñas y medianas empresas, “con un importe máximo de 200.000 euros por operación, decidiendo y asumiendo el ICO el riesgo de estas operaciones al 100%”.

Por último, otra de las medidas relevantes consiste en subir el umbral de sueldo inembargable ante impago de hipotecas. El Gobierno ha aceptado incluir en su documento para llegar a un pacto político anticrisis reformar la ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria hasta los 696,6 euros, un 10% más del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cantidad a la que se sumará un 20% adicional por cada familiar a cargo.