Los políticos europeos están a punto de crear la nueva tasa que tendrán que pagar sus ciudadanos. La han enmascarado como un impuesto a la banca, pero muchos temen que, como casi siempre, la acaben pagando los consumidores vía incremento de los precios. Además, este martes se ha sabido que la argumentación que se ha usado hasta ahora es falsa.
Se dijo que el dinero iría destinado a crear un fondo que se utilizaría sólo en caso de quiebras bancarias. Es decir, se crearía una hucha para que controlar posibles crisis financieras como la ocurrida en los últimos años. Ahora, sin embargo, se sabe que muchos países, entre ellos España, destinarán el dinero a sus presupuestos y no a un fondo de esta clase.
Elena Salgado ha anunciado este martes que si España crea finalmente una tasa a los bancos porque así lo aprueba la UE sus ingresos se destinarán a financiar los presupuestos y no a constituir un fondo de resolución para liquidar a las entidades con problemas, como ha propuesto la Comisión.
"Opinión favorable"
Los ministros de Economía de la UE han expresado una "opinión favorable" a la creación de esta tasa para que sean las entidades financieras y no los contribuyentes los que se hagan cargo de los costes de futuras crisis. Sin embargo, no hay consenso sobre la base imponible ni sobre el destino que debe darse a la recaudación que se logre con la tasa. Alemania tiene previsto constituir un fondo de resolución, mientras que Francia y Reino Unido la dedicarán a los presupuestos nacionales.
Salgado ha defendido que la tasa debe gravar los pasivos, exceptuando el capital y los depósitos. En cuanto al uso de los ingresos, la vicepresidenta económica ha recordado que, en el caso español ya existe el Fondo de Garantía de Depósitos, que "solo se puede utilizar para esa garantía de los depósitos". "Si decidiéramos ampliarlo a otros pasivos distintos de los depósitos porque ese fuera finalmente el consenso europeo, nosotros también nos plantearíamos una posible utilización presupuestaria", ha anunciado.
"Se pueden dedicar perfectamente esos fondos al presupuesto mientras no es necesario utilizarlos, pero se entiende que en ese caso en el momento en que el sector financiero tenga una necesidad, el presupuesto acudirá en su ayuda puesto que previamente ha recaudado esta cantidad", ha explicado Salgado.
España, en la "banda baja"
España se situará en la "banda baja" de la Unión Europea en cuanto a recaudación por la tasa bancaria porque habrá que descontar lo que las entidades aportan ya al Fondo de Garantía de Depósitos y porque los bancos españoles no son los que más utilizan otro tipo de pasivos distintos de los depósitos, ha asegurado la vicepresidenta económica.
Según los cálculos de Bruselas, España podría recaudar entre 490 y 1.905 millones de euros al año con el nuevo impuesto a los bancos. Los ingresos generados por la nueva tasa bancaria en toda la UE oscilarían entre 26.200 y 4.900 millones de euros al año, dependiendo del método que se elija. Los países que más recaudarían son aquellos con mayor actividad financiera: Reino Unido (hasta 5.537 millones), Alemania (4.492 millones) y Francia (3.215 millones).
En todo caso, Salgado cree que en la UE no se decidirá sobre todo sino que "va a dejarse una cierta flexibilidad a los países" para que decidan sobre la tasa bancaria.
"Distorsiones" de la competencia
Por su parte, el comisario responsable de Servicios Financieros, Michel Barnier, se ha declarado "preocupado" por los diferentes modelos de tasas bancarias que se están creando en la UE por considerar que existe el riesgo de una "fragmentación reglamentaria" y de "distorsiones" de competencia. Barnier ha defendido que existan reglas comunes en la UE sobre la base imponible, la obligación de dedicar los recursos a fondos de resolución nacionales y el nivel y la entrada en vigor del impuesto para no penalizar al sistema financiero.
El Ecofin debatió también la creación de una tasa sobre las transacciones financieras a imitación de la tasa Tobin, pero en este caso las opiniones de los ministros fueron "más divergentes", según Salgado. España se encuentra entre los países más reticentes a esta iniciativa por considerar que puede provocar deslocalizaciones y acabar repercutiéndose en los clientes.
"Tenemos sucesivos ejemplos de que la imposición de una medida parecida a esta en ámbitos locales o en ámbitos geográficos reducidos lo que ha motivado es, primero, una deslocalización, y en muchos casos también una traslación del importe de este impuesto hacia el consumidor final y por lo tanto un encarecimiento de los servicios financieros que podría en este momento dañar el crecimiento", ha dicho la vicepresidenta.