Romper la caja única de la Seguridad Social y establecer un sistema público de pensiones a nivel regional, tal y como demandan los nacionalistas (incluido el PNV), pondría en riesgo el cobro de dichas prestaciones a los jubilados.
Y es que, ¿qué pasaría si el actual modelo público fuera gestionado de forma independiente por cada gobierno regional? Según los datos oficiales disponibles, nueve comunidades autónomas (CCAA) no podrían costear las pensiones actuales: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Más de la mitad de las regiones registran déficit (más gastos que ingresos) en sus respectivas cuentas de la Seguridad Social, ya que tienen menos de dos cotizantes por pensionista, es decir, una tasa de dependencia inferior a 2 frente al 2,57 de media nacional (a fecha de agosto de 2010).
Si sus jubilados cobran puntualmente la pensión es, precisamente, gracias al superávit que procede del resto de autonomías. No obstante, la caja única de la Seguridad Social se concibió para garantizar el principio de solidaridad interterritorial. La regionalización de la Seguridad Social en 17 modelos autónomos sería insostenible en la mitad de territorio nacional. Dichos gobiernos autonómicos no podrían costear estas prestaciones sin reducir el gasto público o bien aumentar los impuestos de forma sustancial.
Así, por ejemplo, el País Vasco apenas cuenta con 1,9 cotizantes por pensionista, aunque la situación más grave es la que presenta Asturias (1,3) y Galicia (1,4), según un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) con datos de 2008.
Sin duda, el caso más llamativo es el de Asturias, ya que registra el peor perfil demográfico de España. Por cada dos asturianos que nacen mueren más de tres. Este déficit poblacional impediría al Gobierno del Principado pagar por sí sólo las pensiones a los jubilados asturianos si no existiera la caja única de la Seguridad Social y, por tanto, el sistema de redistribución territorial.
Asturias carece del suficiente número de trabajadores en activo para poder mantener el modelo de reparto característico de las pensiones públicas españolas. De hecho, si Asturias no estuviera fuertemente subsidiada por los contribuyentes del resto de España, sus jubilados percibirían una pensión sustancialmente menor de la actual, ya que precisaría aumentar en cerca de un 25% su población activa (cotizantes a la Seguridad Social) para cubrir tales prestaciones.
De hecho, entre 2002 y 2008, Asturias es la región que acumula un mayor déficit per cápita a la Seguridad Social (8.957 euros), seguida de Galicia (3.789), Castilla y León (3.304), Cantabria (3.212), Extremadura (2.161), País Vasco (1.634), Aragón (674), Andalucía (535) y Castilla-La Mancha (504).
Fuente gráfica: La Nueva España
En datos absolutos, la comunidad gallega lidera el ránking, con unas pérdidas acumuladas de 10.594 millones de euros, seguida de Asturias (9.721 millones) y Castilla y León (8.470). Así pues, los datos de la Seguridad Social ponen de manifiesto que estas nueve CCAA carecen del suficiente número de cotizantes para mantener el nivel actual de pensiones que cobran sus respectivos jubilados.
Por el contrario, Madrid, con un superávit per cápita de 4.642 euros, es la comunidad que más dinero aporta al sistema en términos relativos, seguida de Baleares (3.386), Canarias (2.706), Navarra (1.917), Cataluña (1.422), Comunidad Valenciana (964), Murcia (896) y La Rioja (206).
Madrid también es la que inyecta más dinero al sistema, con casi 30.000 millones de euros entre 2002 y 2008, seguida de Cataluña (10.632 millones) y Canarias (5.693). Es decir, los excedentes de Madrid y Cataluña permiten, en gran medida, pagar las pensiones de las regiones deficitarias.
Así, casi el 79% del superávit que registró la Seguridad Social en 2009 (8.501 millones) procede de ambas comunidades. En concreto, tan sólo Madrid aportó 5.069 millones de euros mientras que Cataluña inyectó 1.656 millones. Los otros 1.776 millones parten de cinco regiones: Baleares, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia. Todas estas autonomías cuentan con una tasa de dependencia superior a 2. Sobre todo, destacan Madrid, Murcia y Canarias, con más de 2,5 cotizantes por pensionista.
De este modo, "en general, a mayor envejecimiento y un saldo vegetativo de nacimientos menos muertes más negativo (Asturias, Galicia, Castilla y León), más déficit per cápita en Seguridad Social. A la inversa, y como norma, las regiones menos envejecidas y con mayor crecimiento de población sostienen la Seguridad Social en toda España (Madrid de forma destacada, las CCAA del arco mediterráneo, Navarra, La Rioja y Canarias)", según señala un informe demográfico elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe, consultor de estrategia empresarial y corporate finance.
