LD (EFE) En un comunicado publicado en los diarios de esa ciudad oriental, Repsol YPF explica que el pasado día 22 recibió cuatro requerimientos de "diversa documentación que cubría un amplio período de tiempo, desde el año 2001 hasta la fecha, para ser entregada en un plazo de apenas unas horas".
"A pesar de lo voluminoso de la información requerida y del plazo tan exiguo como perentorio, la empresa cumplió y entregó la documentación el día 24 y el día 25 por la mañana", agrega el documento de la petrolera.
Repsol sostiene que, por ello, "no tuvo justificación alguna la ejecución, horas después, de un operativo que, por sus características, terminó por confirmar la falta de garantías y el ánimo persecutorio que parece impulsar las acciones encaradas por los fiscales contra Andina" (su filial boliviana).
Fiscales y policías allanaron el viernes por la tarde, acompañados de periodistas locales, la sede de Andina y Repsol YPF, como parte de una investigación sobre la firma de un contrato supuestamente ilegal con la brasileña Petrobras, denunciado por el miembros del Gobierno boliviano. Además, los fiscales detuvieron ese mismo día al síndico (auditor) de Andina Saúl Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, que fue liberado al día siguiente.
En el documento publicado en Santa Cruz, la petrolera ratifica el contenido del comunicado difundido el domingo en Madrid, "que describe cabalmente la situación judicial que hoy enfrenta la Compañía en el país y su irrenunciable decisión de defender sus intereses y los derechos de sus empleados, cualquiera sea su origen y nacionalidad".
Las "reiteradas e injustificadas actuaciones (de las autoridades bolivianas) obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados", decía la declaración de Madrid. "Repsol YPF quiere dejar claro que actúa dentro del marco de la ley y que confía en poder seguir invirtiendo en el país y contribuir, de esa manera, al desarrollo de la sociedad boliviana", concluye el comunicado de este miércoles.
"A pesar de lo voluminoso de la información requerida y del plazo tan exiguo como perentorio, la empresa cumplió y entregó la documentación el día 24 y el día 25 por la mañana", agrega el documento de la petrolera.
Repsol sostiene que, por ello, "no tuvo justificación alguna la ejecución, horas después, de un operativo que, por sus características, terminó por confirmar la falta de garantías y el ánimo persecutorio que parece impulsar las acciones encaradas por los fiscales contra Andina" (su filial boliviana).
Fiscales y policías allanaron el viernes por la tarde, acompañados de periodistas locales, la sede de Andina y Repsol YPF, como parte de una investigación sobre la firma de un contrato supuestamente ilegal con la brasileña Petrobras, denunciado por el miembros del Gobierno boliviano. Además, los fiscales detuvieron ese mismo día al síndico (auditor) de Andina Saúl Encinas Miranda, de nacionalidad boliviana, que fue liberado al día siguiente.
En el documento publicado en Santa Cruz, la petrolera ratifica el contenido del comunicado difundido el domingo en Madrid, "que describe cabalmente la situación judicial que hoy enfrenta la Compañía en el país y su irrenunciable decisión de defender sus intereses y los derechos de sus empleados, cualquiera sea su origen y nacionalidad".
Las "reiteradas e injustificadas actuaciones (de las autoridades bolivianas) obligan a Repsol YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados", decía la declaración de Madrid. "Repsol YPF quiere dejar claro que actúa dentro del marco de la ley y que confía en poder seguir invirtiendo en el país y contribuir, de esa manera, al desarrollo de la sociedad boliviana", concluye el comunicado de este miércoles.