LD (EFE) Con ese objetivo, "yo me comprometo, como vicepresidenta del Gobierno, a coordinar las actuaciones entre los ministerios de Industria y Medioambiente", dijo Fernández de la Vega tras las preguntas de los periodistas en Lanzarote, donde pasa unos días de vacaciones y donde el Cabildo Insular ha mostrado su rechazo a esas prospecciones.
Los estudios fueron autorizados por el anterior gobierno español y paralizados por el Tribunal Supremo, debido a que en la tramitación del Real Decreto por el que se les dio el visto bueno faltó el preceptivo estudio de impacto ambiental. La compañía Repsol ha presentado ya al actual Ejecutivo su intención de que se le permita emprender de nuevo los trabajos.
En respuesta a los periodistas, la vicepresidenta aseguró que "cualquier decisión que pudiera tomar este Gobierno sería, desde luego, oyendo a todo el mundo, y escuchando a quien mejor conoce el asunto, que está aquí, sobre las ventajas e inconvenientes de cualquier decisión que se vaya a adoptar". Su compromiso, por tanto es "que no se dé ni un sólo paso sin escuchar a todas las personas, a todos los sectores sociales y políticos, y tener en cuenta todas las posibilidades antes de tomar cualquier decisión".
La vicepresidenta salió además al paso de las críticas que desde la Comunidad Autónoma se han formulado al Ejecutivo central, al que se acusa de no haber informado suficientemente en torno a los pasos que se dan en relación a este asunto a las autoridades regionales. Una falta de información que rechazó pueda achacarse a su equipo, porque, dijo, "como todos saben, uno de los criterios de este Gobierno es la transparencia y, desde luego, la participación en las decisiones de todas las instituciones".
Los estudios fueron autorizados por el anterior gobierno español y paralizados por el Tribunal Supremo, debido a que en la tramitación del Real Decreto por el que se les dio el visto bueno faltó el preceptivo estudio de impacto ambiental. La compañía Repsol ha presentado ya al actual Ejecutivo su intención de que se le permita emprender de nuevo los trabajos.
En respuesta a los periodistas, la vicepresidenta aseguró que "cualquier decisión que pudiera tomar este Gobierno sería, desde luego, oyendo a todo el mundo, y escuchando a quien mejor conoce el asunto, que está aquí, sobre las ventajas e inconvenientes de cualquier decisión que se vaya a adoptar". Su compromiso, por tanto es "que no se dé ni un sólo paso sin escuchar a todas las personas, a todos los sectores sociales y políticos, y tener en cuenta todas las posibilidades antes de tomar cualquier decisión".
La vicepresidenta salió además al paso de las críticas que desde la Comunidad Autónoma se han formulado al Ejecutivo central, al que se acusa de no haber informado suficientemente en torno a los pasos que se dan en relación a este asunto a las autoridades regionales. Una falta de información que rechazó pueda achacarse a su equipo, porque, dijo, "como todos saben, uno de los criterios de este Gobierno es la transparencia y, desde luego, la participación en las decisiones de todas las instituciones".