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Raffarin dice que la reforma de las pensiones es una cuestión de "seguridad nacional"

El primer ministro francés ha defendido su polémico proyecto de reforma de las pensiones como una "reforma de seguridad nacional", "necesaria", "sensata", "justa", "equitativa" y "de sociedad". Mientras, cientos de manifestantes violentos intentaban acercarse a la sede del Parlamento provocando algunos enfrentamientos con la Policía.

L D (EFE) El jefe del Ejecutivo de centroderecha rechazó la política del "avestruz" en su presentación del proyecto ante los diputados, en una nueva jornada sindical de desfiles y huelgas del sector público contra el plan. Raffarin rechazó de plano las demandas de la oposición de izquierdas de que se aumenten las cotizaciones empresariales para financiar las pensiones, en lugar de alargar el período de cotización, punto central del plan gubernamental.

Raffarin dijo que “más vale aumentar el número de horas trabajadas, de forma global, que aumentar las retenciones que acaban siempre por debilitar el empleo. El trabajo crea el crecimiento y el empleo". Según el plan, que pretende acabar con las prejubilaciones, el período de cotización para tener derecho a una pensión completa pasará para los funcionarios de los 37,5 años actuales a 40 (vigente ya en el sector privado) de aquí a 2008; a 41 años para todos (público y privado) en 2012 y a 42 años en 2020.

"La estrategia del avestruz es la más culpable frente a nuestro deber (...) nuestro pacto social no será salvado por el inmovilismo", advirtió Raffarin, y señaló que los cambios demográficos exigen reformas de sociedad. Jean-Pierre Raffarin dijo que "nuestra generación está frente a su deber: asegurar el futuro de Francia". El valor hoy no es "aplazar, reprochar o constatar, sino actuar para que el modelo francés encuentre su salvaguarda en la reforma", dijo, al calificar de "urgente" la reforma de las pensiones.

Mientras el primer ministro defendía el proyecto, miles de personas desfilaban en París y otras ciudades en una nueva jornada de acción en el sector público convocada por la mayoría de los sindicatos para exigir la renegociación del texto. Los sectores más afectados por las huelgas eran los transportes públicos y la educación, pero también había paros en Correos, France Telecom, Hacienda, Cajas de Ahorros y recogida de basuras. Ante la negativa del Gobierno a reabrir las negociaciones sobre el proyecto de reforma, el sindicato Fuerza Obrera (FO) llamó a una "huelga general interprofesional llevada a cabo en la unidad" sindical, como única vía para forzar al Ejecutivo a negociar.

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