La Administración que dirige Barack Obama quiere luchar contra la pérdida de popularidad ayudando a las familias hipotecadas. El rescate bancario y la reforma sanitaria han puesto al inquilino de la Casa Blanca al pie de los caballos y, por ello, ha lanzado un plan que responda a las promesas electorales antes de su llegada a la presidencia.
La concesión de hipotecas de alto riesgo en EEUU y el aumento de la morosidad de las mismas fueron el origen de la crisis financiera internacional y son factores estrechamente relacionados con la política de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) y de la antigua Administración de Bill Clinton, que adoptó políticas intervencionistas para garantizar las hipotecas a todos los ciudadanos.
Tras ganar las elecciones, Obama prometió a los hipotecados con problemas que no les dejaría en la estacada. Tras unos primeros meses de titubeos, en febrero de 2009 el presidente de EEUU anunció el lanzamiento de un Plan de Estabilidad y Asequibilidad de la Vivienda". El objetivo era permitir que hasta nueve millones de propietarios puedan reestructurar o refinanciar sus hipotecas y evitar las ejecuciones de sus préstamos y la pérdida de sus casas.
Sin embargo, la iniciativa no ha tenido éxito, ya que los embargos hipotecarios no han dejado de crecer en el último año. En este contexto, la Casa Blanca presenta ahora una ampliación del programa de rescate de los hipotecados, según informa The New York Times y el resto de prensa de EEUU. El coste será de 14.000 millones de euros, que serán aportados por el dinero que queda en el plan de rescate bancario (TARP, por sus siglas en inglés).
En el programa destacan dos iniciativas. Por un lado el Gobierno respaldará con dinero público (de los contribuyentes) las refinanciaciones hipotecarias de las familias que hayan visto descender el precio de sus viviendas como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Esto supone un grave riesgo para las finanzas de EEUU, ya que se puede enfrentar a importantes pérdidas por los préstamos avalados.
La segunda gran línea de actuación va destinada a los parados. Obama quiere que los desempleados puedan dejar de pagar sus hipotecas hasta un máximo de seis meses. Ambas medidas (la ayuda a las refinanciaciones y los aplazamientos destinados a los parados) se logarán obligando a los bancos a reducir el valor del importe principal de los créditos hipotecarios.
A cambio, las entidades financieras recibirán dinero del Gobierno (de los contribuyentes) si hay impagos. En EEUU una de cada cuatro familias tiene créditos hipotecarios que superan el valor de los inmuebles.