LD (Europa Press) La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha mantenido gestiones a lo largo de todo el fin de semana con el Gobierno boliviano sobre la situación de Repsol en el país andino a raíz de las actuaciones judiciales que se han producido este fin de semana que han supuesto la detención y arresto domiciliario de Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la filial boliviana de Repsol. En concreto, De la Vega ha mantenido conversaciones con el presidente Evo Morales y con el vicepresidente, García Lineras.
Durante estas conversaciones, el presidente Boliviano ha ratificado a la vicepresidenta del Gobierno español todos los extremos acordados en la reciente visita que De la Vega efectuó a la capital boliviana a principios de este mes de agosto y ha reiterado su voluntad de que la empresa española se quede en el país andino. Además, ambos han acordado seguir manteniendo conversaciones en los próximos días, en función de cómo vayan los acontecimientos.
El síndico (auditor) de la compañía petrolera Andina-Repsol YPF, filial de Repsol en Bolivia, Saúl Carlos Encinas Miranda, permanecerá en arresto domiciliario sin custodia, de modo que podrá acudir a su trabajo, según decidió la noche del sábado el juez Jimmy López Rojas. El magistrado presidió la audiencia cautelar por la denuncia contra Repsol por un contrato de arbitraje de precios con Petrobras y que, según la Fiscalía, hizo perder a Bolivia 161 millones de dólares. El juez concluyó que el acusado entró a formar parte de Andina después de la firma del contrato objeto de investigación.
Precisamente la situación de Repsol en Bolivia es uno de los temas principales que abordaron en la entrevista que mantuvieron en La Paz el presidente, Evo Morales, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega el pasado 2 de agosto. En la posterior rueda de prensa conjunta en el Palacio del Quemado, el presidente boliviano dijo que las negociaciones con Repsol "van hacia delante", indicando que cree que habrá acuerdo en los 180 días de plazo establecidos.
De la Vega ratificó esa idea destacando que Morales le había dicho que la negociación va bien y habrá acuerdo, subrayando la necesidad de crear un marco jurídico-financiero positivo para las dos partes. Con anterioridad a la entrevista con Morales en el Palacio presidencial, la vicepresidenta mantuvo un desayuno de trabajo con representantes de empresas españolas en el país, quienes le hicieron llegar la incertidumbre en la que viven ante los cambios que se están produciendo. También le pidieron que transmitiera al Gobierno boliviano que cuanto antes se despejen determinadas incógnitas mejor para la inversión y la confianza.
A propuesta de los empresarios, De la Vega pidió a Morales que nombre un interlocutor único para que informe a los empresarios españoles sobre las reformas en marcha y sus repercusiones. La idea fue aceptada por el presidente boliviano. De la Vega reiteró en diversas ocasiones el interés de las empresas españolas de permanecer en Bolivia, contribuyendo al desarrollo y a construir el país, lo que debe ir unido a un marco político que de certeza a los empresarios y un marco financiero que les permita conseguir beneficios. Añadió que todas ellas comprenden, respetan y comparten la evolución del país.
Durante su comparecencia ante los periodistas el pasado día 2 de agosto, Morales no concretó en que situación final quedará Repsol tras el Decreto de Nacionalización de Hidrocarburos aunque trató de lanzar mensajes tranquilizadores. En este sentido explicó que las normas internas van a garantizar la inversión extranjera y aunque necesitan "socios y no dueños", son conscientes de la necesidad que el país tiene de inversión foránea. Añadió que la Asamblea Constituyente que el próximo día 6 comienza su trabajo, avalará sus posiciones respecto a las empresas extranjeras.