(LIbertad Digital) Entre las medidas propuestas están el fomento del ferrocarril, que fue el medio de transporte más utilizado en el siglo XIX, la creación de "autopistas del mar", dentro de lo que llama un transporte sostenible para intentar cumplir el protocolo de KIoto. Medio Ambiente impondrá tasas a los coches que más CO2 emitan.
También apuesta por las energías renovables. El Ministerio quiere que éstas representen el 20 por ciento de la energía en 2020, pese al enorme coste de su producción, muy superior al de otras fuentes, como la nuclear, los hidrocarburos o la hidroeléctrica. También prevé que en 2020 el 10 por ciento de los combustibles sean biocarburantes, a pesar de que sus beneficios ecológicos están todavía en entredicho.
El desarrollo económico es importante, pero el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado en su nota que para el Gobierno "la adaptación al cambio climático es una prioridad en el conjunto de actuaciones nacionales". Un objetivo que se ha ido rebajando con el tiempo, ya que España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones sobre las registradas en 1990 al 15 por ciento, y en la nota del Ministerio declara que "la Estrategia Española de Cambio Climático (…) va a permitir abordar los objetivos que se marcó el Gobierno en el último Plan Nacional de Asignación II", que se limita a "reducir las emisiones desde el nivel actual hasta un incremento máximo del 37 por ciento" en el período 2008–2012.
La Estrategia Española de Cambio Climático se ha marcado como propósito recortar el consumo de energía un uno por ciento anual de aquí al 2020. Pese a que el crecimiento económico está asociado a un mayor consumo de energía, el Gobierno pretende conseguirlo sin dañar el crecimiento y el bienestar.
El Ministerio castrigará lo que él considere un "consumo excesivo" de energía en los domicilios o de cualquier inmueble, por medio de tarifas. Erradicará las calderas de carbón desde 2012 y forzará que el ciudadano cumpla "su parte", comprando bombillas y electrodomésticos de bajo consumo. También obligará a los fabricantes de electrodomésticos a incluir una certificación energética.
Para llevar adelante el plan, el Gobierno tiene que negociar con las administraciones autonómicas y locales. De otro modo no podría actuar sobre ámbitos que, como el transporte, están transferidos. Y la ministra ha advertido: "La lucha contra el cambio climático no puede ser una suma de buenas voluntades", sino una auténtica "política de Estado". Esta política obligará a la participación de los ciudadanos y los poderes públicos.