Un año después de que la constructora presentara su solicitud de insolvencia, el juez ha destacado en un informe el elevado número de impugnaciones que se presentaron contra el informe de situación patrimonial y el listado de acreedores que elaboraron los administradores concursales de la compañía, sin cuya resolución es imposible someter a votación el plan de pagos.
El juez ha resuelto hasta el momento la mitad de cerca de 900 incidentes concursales que se presentaron a raíz de esas discrepancias, bien sea rechazando su admisión, dictando sentencias o sancionando acuerdos transaccionales.
En el informe, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el magistrado advierte que las vistas para dirimir los incidentes que faltan "se seguirán celebrando en el juzgado hasta mediados del mes de octubre", lo que hace suponer a los expertos que las sentencias que resuelven esos procesos tardarán en dictarse hasta noviembre al menos.
Además de las impugnaciones, también destaca que han surgido 100 procedimientos adicionales, relacionados con "acciones de resolución de contratos de compraventa basados en el incumplimiento de las obligaciones de entrega de viviendas y otras unidades constructivas, promovidos por compradores" ante la falta de acuerdo con Martinsa y la administración concursal.
Entre los asuntos clave que quedan por resolver, González-Carreró destaca la "compleja acción rescisoria" que promovieron los tres administradores concursales para anular las garantías que tomó la banca cuando refinanció la deuda del grupo en mayo de 2008 y que estaban destinadas a asegurarse el cobro de los préstamos.
La mayor parte de las entidades españolas "han transigido con la administración concursal", relata el magistrado, que añade que "otras en cambio se han opuesto a la demanda y ha sido necesario solicitar auxilio judicial internacional para el emplazamiento de algunas, lo que demora la tramitación del asunto".
Entre las entidades que se han opuesto, destaca Morgan Stanley, una de las más criticadas por los administradores concursales por haber cobrado 75 millones de euros por la operación de refinanciación, que a su juicio "no sirvió para evitar su insolvencia".
De ahí que González Carreró afirme que "no es posible dar una previsión" sobre la finalización de la fase de impugnaciones (fase común), "si bien parece aventurado sostener que a finales del año 2009 podría iniciarse la fase de convenio", que exige dar un plazo amplio de tiempo para que los acreedores puedan adherirse a la propuesta.
Martinsa-Fadesa ha propuesto pagar el 100% de sus deudas, que ascienden a 7.005,4 millones de euros, durante un máximo de 8 años.
El plan de pagos de Martinsa, sobre el que los administradores concursales informaron favorablemente, ha recibido hasta el momento el apoyo de entidades financieras a las que la inmobiliaria debe más de 2.500 millones de euros, el 58,8% de las deudas ordinarias (que ascienden a 4.248 millones de euros).
El juez se queja en su informe de que, además del procedimiento de Martinsa, debe ocuparse de los asuntos incoados en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña hasta noviembre de 2008, cuando se le asignó un juez y un secretario de apoyo encargados de los nuevos asuntos.
"La entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil número 2 el pasado mes de abril permitirá sin duda reducir la pendencia en los próximos meses, aunque la carga de trabajo del Juzgado número 1, debido a la extraordinaria entrada que ha soportado especialmente a lo largo de 2008, se mantendrá en niveles muy por encima de los razonables durante un largo período de tiempo", afirma.