L D (EFE) El número de manifestantes era inferior al de la movilización unitaria contra la reforma que paralizó los transportes en todo el país el pasado día 13. En la movilización, convocada por seis de las siete federaciones sindicales de funcionarios, el personal docente tuvo la mayor presencia, ya que además de por las pensiones protesta contra el traslado de miles de puestos previsto por la descentralización y por la falta de medios en la enseñanza.
Tras la movilización, las organizaciones sindicales francesas de la Educación convocaron otra para el jueves, y llamaron al personal a continuar la protesta y a "decidir reconducir la huelga dondequiera que sea posible". También pidieron a los docentes que se unan a la movilización nacional del sector público y privado convocada para el domingo, tres días antes de que el plan gubernamental de reforma de las pensiones sea aprobado en Consejo de ministros, al que solicitaron su retirada.
El proyecto del Gobierno es indispensable, según el Ejecutivo, para salvar el sistema de repartición, amenazado por los cambios demográficos. Según el plan, los ciudadanos estarían obligados a cotizar y a trabajar durante más tiempo. En concreto, los funcionarios, que ahora deben cotizar 37,5 años para tener una pensión completa, tendrán que pasar a 40 años de cotización a partir de 2008 –como ocurre ya en el sector privado– y para 2020 todos tendrían que cotizar 42 años, dejando en papel mojado el derecho a jubilarse a los 60 años.
Tras la movilización, las organizaciones sindicales francesas de la Educación convocaron otra para el jueves, y llamaron al personal a continuar la protesta y a "decidir reconducir la huelga dondequiera que sea posible". También pidieron a los docentes que se unan a la movilización nacional del sector público y privado convocada para el domingo, tres días antes de que el plan gubernamental de reforma de las pensiones sea aprobado en Consejo de ministros, al que solicitaron su retirada.
El proyecto del Gobierno es indispensable, según el Ejecutivo, para salvar el sistema de repartición, amenazado por los cambios demográficos. Según el plan, los ciudadanos estarían obligados a cotizar y a trabajar durante más tiempo. En concreto, los funcionarios, que ahora deben cotizar 37,5 años para tener una pensión completa, tendrán que pasar a 40 años de cotización a partir de 2008 –como ocurre ya en el sector privado– y para 2020 todos tendrían que cotizar 42 años, dejando en papel mojado el derecho a jubilarse a los 60 años.