LD (EFE) En Renfe se convocan dos jornadas de paro de 24 horas que se llevarán a cabo desde el mediodía del 12 de julio de 2008 hasta la misma hora del día siguiente y desde las 12.00 horas del 14 de julio hasta las 12.00 horas del 15 de julio.
La huelga en Adif, también de 24 horas, coincidirá con la segunda jornada de la de Renfe, aunque sólo durante doce horas, ya que se iniciará a la medianoche del 14 de julio para finalizar a la misma hora del 15 de julio, según fuentes sindicales.
Los sindicatos han tomado la decisión de convocar estas jornadas de huelga tras la falta de acuerdos en las reuniones de las Comisiones de Conflictos celebradas en Renfe el pasado día 27 de junio y en Adif el 1 de julio, que no ofrecieron soluciones a todos los motivos del conflicto planteado.
El comité de huelga se ha puesto a plena disposición de la dirección de ambas empresas y responsables gubernamentales, "con el fin exclusivo de intentar antes de su comienzo, solventar la problemática planteada".
La huelga en Adif, también de 24 horas, coincidirá con la segunda jornada de la de Renfe, aunque sólo durante doce horas, ya que se iniciará a la medianoche del 14 de julio para finalizar a la misma hora del 15 de julio, según fuentes sindicales.
Los sindicatos han tomado la decisión de convocar estas jornadas de huelga tras la falta de acuerdos en las reuniones de las Comisiones de Conflictos celebradas en Renfe el pasado día 27 de junio y en Adif el 1 de julio, que no ofrecieron soluciones a todos los motivos del conflicto planteado.
El comité de huelga se ha puesto a plena disposición de la dirección de ambas empresas y responsables gubernamentales, "con el fin exclusivo de intentar antes de su comienzo, solventar la problemática planteada".
Separación del área de mercancías
El informe económico de 2008 presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 24 de junio, propone en la medida denominada "Plan para liberalizar y aumentar la participación del transporte de mercancías por ferrocarril" la separación del área de mercancías de Renfe Operadora, mediante la creación de una sociedad independiente y la liberalización de la prestación de los servicios auxiliares al transporte ferroviario.
Según los sindicatos, esta decisión, que supone un cambio normativo y de fondo de la Ley del Sector Ferroviario, contraviene lo establecido en los planes estratégicos en vigor de Renfe y Adif y los acuerdos alcanzados en los planes sociales de los expedientes de regulación de empleo que afectaron recientemente a ambas empresas.
Además, consideran que puede desembocar en la privatización de una parte del operador público y de las terminales de mercancías adscritas al administrador de infraestructuras.
El informe económico de 2008 presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 24 de junio, propone en la medida denominada "Plan para liberalizar y aumentar la participación del transporte de mercancías por ferrocarril" la separación del área de mercancías de Renfe Operadora, mediante la creación de una sociedad independiente y la liberalización de la prestación de los servicios auxiliares al transporte ferroviario.
Según los sindicatos, esta decisión, que supone un cambio normativo y de fondo de la Ley del Sector Ferroviario, contraviene lo establecido en los planes estratégicos en vigor de Renfe y Adif y los acuerdos alcanzados en los planes sociales de los expedientes de regulación de empleo que afectaron recientemente a ambas empresas.
Además, consideran que puede desembocar en la privatización de una parte del operador público y de las terminales de mercancías adscritas al administrador de infraestructuras.
Los sindicatos se quejan d ela privatización
Por tanto, es imprescindible aclarar "qué significa exactamente esta propuesta, su alcance en materia de empleo y derechos sociolaborales y la fórmula definitiva con que el Gobierno piensa implementarla".
Los sindicatos defienden una mayor participación del transporte ferroviario en el sistema de transporte de mercancías (un 3% rente al 12% de media en Europa), pero niegan que el operador público sea una barrera al fomento de la competencia ni un obstáculo al desarrollo y consolidación de los nuevos operadores concurrentes.