(Libertad Digital) El comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, confirmó este miércoles que los servicios jurídicos de la Comisión Europea determinaron como ilegal la decisión tomada por el Consejo de Ministros de dejar en suspenso el Pacto de Estabilidad para Francia y Alemania.
Solbes dijo que el Ejecutivo comunitario ya señaló en las actas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín) del 25 de noviembre que dicha decisión "se salía del espíritu y de la letra del Tratado y del Pacto de Estabilidad, opinión que ha sido confirmada por los servicios jurídicos tras un examen detallado".
Solbes dijo que el Ejecutivo comunitario ya señaló en las actas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofín) del 25 de noviembre que dicha decisión "se salía del espíritu y de la letra del Tratado y del Pacto de Estabilidad, opinión que ha sido confirmada por los servicios jurídicos tras un examen detallado".
Solbes no descarta que la CE acuda al Tribunal de Luxemburgo
El colegio de comisarios estudió el tema este miércoles aunque no tomó ninguna decisión sobre si llevará o no el acuerdo de los ministros al Tribunal de Justicia Europeo para que aclare la situación en que ha quedado la aplicación del Pacto para las dos principales economías de la zona euro. Según un portavoz, el colegio de comisarios continuará estudiando la situación y podría adoptar su decisión definitiva la semana que viene.
Entretanto, el comisario de Economía, Pedro Solbes, consideró que "para dejar claro el marco de la supervisión presupuestaria de aquí en adelante podría ser útil un fallo del Tribunal del Justicia, de ahí que la Comisión vaya a plantarse seriamente esto como parte de su estrategia general".
Los ministros de Economía de la UE decidieron el pasado mes de noviembre congelar el llamado Pacto de Estabilidad, a instancias de Francia y Alemania. La decisión por mayoría del Ecofin de no sancionar a Francia y Alemania por sus déficit y por no incluir medidas necesarias a tiempo de corregir la situación, sienta un precedente de no aplicación de las normas comunitarias a beneficio e interés de dos países en detrimento de los demás.