L D (Europa Press) El presidente de la Confederación, Juan Prats, ha manifestado este lunes que el Tribunal de Defensa de la Competencia dio en abril un plazo de dos meses a la petrolera hispano-argentina para que dejara de fijar los precios a las estaciones de servicio que tienen contratos de suministro en exclusiva con el grupo que preside Antonio Brufau, bajo sanción de 3.000 euros diarios. En opinión de Prats, tras las diferentes resoluciones que establecen que Repsol YPF debe permitir libertad de fijación de precios, "a las que la compañía ha hecho caso omiso, tal vez la Comisión Europea decida tomar cartas en el asunto y a lo mejor la sanción impuesta es mayor que esos 3.000 euros diarios", ha advertido.
La Confederación considera que Repsol YPF no actúa conforme a las resoluciones judiciales, porque la cuantía de la multa no es precisamente relevante para la compañía, ya que representa cerca de un euro diario al día por cada gasolinera abanderada. La CEEES celebró el pasado jueves una asamblea donde los asociados mostraron un fuerte malestar contra los dirigentes de la asociación, porque habían desconvocado el paro previsto para el 25 de mayo, ante el compromiso de los ministerios de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio de mediar en el asunto.
Prats sostiene que los asociados estiman que la Administración está "tomando el pelo" a la Confederación, porque no ha habido ningún cumplimiento de la sanción de Repsol YPF. Ante esta situación, una parte de los asociados se plantearon en la asamblea llevar a cabo su propia política comercial y ejecutar el derecho de fijar libremente los precios de los carburantes. Esta opción les fue reconocida por el TDC, debido al incumplimiento de Repsol de las sucesivas resoluciones judiciales desde el 2001.
Otro de los puntos delicados tratados en la asamblea fue el hecho de que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la prohibición de vender tabaco y alcohol en las estaciones de servicio, lo que ha redundado en una caída importante de la facturación. De esta manera, la CEEES reclama a la Administración una vez más el compromiso de atender las demandas del sector, que soporta problemas derivados de un pasado monopolista, la elevada concentración empresarial y la existencia de contratos abanderados de larga duración que dificulta a los gasolineros el cambio de suministrador.