Los trabajadores de la función pública no se van a quedar de brazos cruzados ante la bajada del sueldo (un 5% de media) decretada por el Gobierno en el Real Decreto Ley de 20 de mayo, más conocido como tijeretazo. Al menos, ésa es la intención de las asociaciones que agrupan a los funcionarios, que están animando a sus miembros a presentar recursos contra la rebaja de sus nóminas por entender que la forma y el fondo de lo dispuesto por el Ejecutivo no se atienen a la ley.
Estas asociaciones saben que es complicado que la medida prospere, puesto que ya ha habido en estas tres décadas de democracia varios recortes de los sueldos de los funcionarios sin que los tribunales las hayan derogado. Sin embargo, su intención es hacer ruido y obligar a los jueces a pronunciarse sobre algunos de sus aspectos más polémicos. Y en este sentido, sí que pueden llegar a ser una china en el zapato del presidente del Gobierno.
Con esta intención, Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) ha enviado a sus miembros un escrito en el que les detalla las posibilidades de recurso ante la rebaja de su nómina. El camino sería el siguiente:
1. Recurso de alzada ante la administración para impugnar la nómina (vía administrativa, no judicial).
2. Si en tres meses la administración no contesta, se entiende que desestima el recurso y entonces se abre el camino para acudir a la vía judicial y presentar un nuevo recurso ante los tribunales centrales de lo Contencioso Administrativo.
3. El objetivo es que, una vez en manos de los jueces, alguno de ellos decida presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, las posibilidades de que prosperen los recursos son escasas y no parece previsible que el TC pueda llegar a declarar la inconstitucionalidad de una medida que, en principio, parece entrar en el ámbito competencial del Gobierno central. Estas mismas fuentes subrayan que podría haber alguna posibilidad en el tema de los trienios, pero será muy complicado obtener algo sobre la reducción de los complementos y el salario base.
Los argumentos de los funcionarios
Desde Fedeca, se argumenta que el recurso puede prosperar por cinco causas. En primer lugar, la "ausencia de extraordinaria y urgente necesidad" que, según el artículo 86 de la Constitución, debe existir para aprobar un decreto ley. En opinión de esta asociación, el hecho de que la aplicación de algunos de sus contenidos (como la congelación de las pensiones) se retrase hasta comienzos de 2011, invalida la supuesta "urgencia" de la situación.
El segundo aspecto es la vulneración de la negociación colectiva, sólo unos meses después de que María Teresa Fernández de la Vega hubiese llegado a un acuerdo con los funcionarios.
Como tercer argumento, desde Fedeca se afirma que este decreto ley reforma la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuando la jurisprudencia deja claro que a través de dicha norma no se pueden regular aspectos propios de una ley ordinaria. Además, asegura que, en realidad, esta rebaja es más un nuevo impuesto especial que una disposición salarial, por lo que también recurren su aprobación sin un debate previo en ambas cámaras.
Por último, destacan que el texto que se publicó en el BOE el 24 de mayo necesitó de una "corrección de errores" al día siguiente al respecto de la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos. En opinión de Fedeca, esta modificación no se debió a un simple fallo humano sino que fue un cambio de los términos del decreto, algo que no se puede hacer, puesto que cualquier alteración en el texto debe pasar primero de nuevo por el Consejo de Ministros.
Con toda esta batería argumental se presenta Fedeca (otras asociaciones de funcionarios están promoviendo acciones similares) ante los tribunales. Y ello, con el objetivo de molestar al Gobierno y protestar por algo que consideran injusto.
Parece complicado que consigan algo y cabría preguntarse cuál podría ser el impacto para las cuentas públicas de una resolución judicial que dentro de 3 ó 4 años obligue al Gobierno de turno a pagar todo lo indebidamente recortado desde la aprobación del decreto.