LD (EFE) Así lo aseguró en declaraciones a la prensa el secretario general para la Administración Pública, Francisco Javier Velázquez, tras reunirse en la Mesa de la Función Pública con los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF, ELA, CIGA, SAP y USO.
Según Velázquez, las cuatro últimas centrales sindicales no aceptaron la subida propuesta por el Ministerio de Administraciones Públicas y que será firmada oficialmente en los próximos días.
El incremento se desglosa de la siguiente manera: el dos por ciento de acuerdo con la previsión del IPC, el 0,7 por ciento para aumentar las pagas extraordinarias del 40 al 60 por ciento del sueldo, el 0,5 por ciento de la masa salarial para la dotación del Fondo de pensiones complementario y el 0,3 por ciento restante para los que se acojan a medidas que mejoren la eficacia en la Administración.
Esta revalorización del 3,5 por ciento beneficiará a los 535.000 empleados de la Administración General del Estado, mientras que a los 2.350.000 empleados públicos del resto de administraciones sólo se les aplicará el 2 por ciento, más el 0,7 por ciento para la mejora de las pagas extras.
Velázquez también informó de que el preacuerdo establece la puesta en marcha de una "indemnización" para los funcionarios de la Administración General que trabajen en Baleares, así como que los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes puedan superar la tasa de reposición de sus efectivos del 100 por cien. Esta última medida tiene como objetivo reducir la temporalidad en las corporaciones locales, según indicó Velázquez.
María José Alende, de CCOO, explicó que su sindicato aceptó el preacuerdo porque se aborda el fenómeno de la temporalidad en los Ayuntamientos, que cifró en el 20 por ciento; porque se mantiene las dotaciones al fondo de pensiones de los empleados públicos; porque se contempla una indemnización para los traslados a Baleares y porque la subida pactada supera a la tasa de inflación prevista. Por parte de CSI-CSIF, José Luis Bauzán valoró la tasa de reposición de efectivos para las entidades locales, el que el 3,5 por ciento de subida sea un punto de partida y la nueva dotación al fondo de pensiones.
Según Velázquez, las cuatro últimas centrales sindicales no aceptaron la subida propuesta por el Ministerio de Administraciones Públicas y que será firmada oficialmente en los próximos días.
El incremento se desglosa de la siguiente manera: el dos por ciento de acuerdo con la previsión del IPC, el 0,7 por ciento para aumentar las pagas extraordinarias del 40 al 60 por ciento del sueldo, el 0,5 por ciento de la masa salarial para la dotación del Fondo de pensiones complementario y el 0,3 por ciento restante para los que se acojan a medidas que mejoren la eficacia en la Administración.
Esta revalorización del 3,5 por ciento beneficiará a los 535.000 empleados de la Administración General del Estado, mientras que a los 2.350.000 empleados públicos del resto de administraciones sólo se les aplicará el 2 por ciento, más el 0,7 por ciento para la mejora de las pagas extras.
Velázquez también informó de que el preacuerdo establece la puesta en marcha de una "indemnización" para los funcionarios de la Administración General que trabajen en Baleares, así como que los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes puedan superar la tasa de reposición de sus efectivos del 100 por cien. Esta última medida tiene como objetivo reducir la temporalidad en las corporaciones locales, según indicó Velázquez.
María José Alende, de CCOO, explicó que su sindicato aceptó el preacuerdo porque se aborda el fenómeno de la temporalidad en los Ayuntamientos, que cifró en el 20 por ciento; porque se mantiene las dotaciones al fondo de pensiones de los empleados públicos; porque se contempla una indemnización para los traslados a Baleares y porque la subida pactada supera a la tasa de inflación prevista. Por parte de CSI-CSIF, José Luis Bauzán valoró la tasa de reposición de efectivos para las entidades locales, el que el 3,5 por ciento de subida sea un punto de partida y la nueva dotación al fondo de pensiones.
En cuanto a los no firmantes, Luis Deleito, secretario de USO, y Juan Manuel Pérez, de SAP, coincidieron en que la reunión de este martes fue "un paripé", porque la subida ya había sido pactada anteriormente con CCOO, UGT y CSI-CSIF. Además, Deleito anunció que piensa denunciar al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en los juzgados por haber permitido esa maniobra, ya que, en su opinión, supone "prevaricación".
Esta subida salarial fue anunciada hace ya unas semanas por el diario "El País" y posteriormente desmentida por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes.