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Los funcionarios acusan al Gobierno de engañarles en la oferta de empleo público

“El 25 de septiembre firmamos una tasa de reposición del 15% y ahora el Gobierno lo ha bajado al 10% de forma unilateral”. Con estas palabras denunció en esRadio Miguel Borra de CSI-CSIF el anuncio de la oferta de empleo público para 2010 hecho tras el Consejo de Ministros.

Los sindicatos de funcionarios contra el Gobierno

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Los funcionarios no están contentos con el anuncio hecho por el Gobierno este martes de que la oferta de nuevo empleo público por parte de la Administración General del Estado se reducirá este año casi un 87% (desde las 15.084 de 2009 a 1.989). Así al menos se expresó Miguel Borra, de CSI-CSIF (la mayor central sindical dirigida exclusivamente a los trabajadores públicos) en esRadio. Además, no es la primera vez este año que se produce un encontronazo entre los trabajadores públicos y el Ejecutivo: hace unas semanas ya hubo polémica cuando Elena Salgado descartó congelar el sueldo de los funcionarios y fue corregida por Carlos Ocaña (secretario de Estado de Hacienda) unos días después.

Acerca del anuncio del martes, CSI-CSIF tiene, fundamentalmente, tres quejas: que el Gobierno ha incumplido lo que les prometió, que trata de desviar la atención de las malas cuentas del Estado señalando a los funcionarios como culpables y que desviará parte de lo que se ahorre a nuevas empresas públicas, en las que el control sobre la contratación o los gastos es mucho menor.

Respecto al primer punto, Borra aseguró que “el talante del Gobierno, del que siempre han querido hacer gala, empiezan a dejarlo atrás. El 25 de septiembre firmamos una tasa de reposición del 15% y ahora el Gobierno la baja al 10%, de manera unilateral. No va a sacar todas las plazas en cuerpos como los funcionarios de prisiones, que se consideraba que no iban a entrar en esa tasa de reposición”.

Además, CSI-CISF denuncia que “lo que está haciendo el Gobierno es enmascarar el verdadero problema del gasto", puesto que en su opinión, el nivel de déficit público registrado en el último año no debe imputarse "a los 2,6 millones de empleados públicos de este país”.

Respecto a la reducción de plazas anunciada, Borra expresó su miedo a que "pase lo que está ocurriendo cada vez más en este país, volverán a proliferar las empresas públicas, que no están sometidas al control del derecho administrativo, que nadie controla a qué trabajadores se contratan, que salario tienen, no cómo se contratan, no con quién se hacen los contratos de asistencia”.

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