(Libertad Digital) Los objetivos fijados para España en Kioto (primer país que firmó el Protocolo) suponen que tan sólo podrá aumentar sus emisiones de CO2 un 15 por ciento hasta 2012 (con respecto a las que se realizaban en 1990, mucho menores que las actuales), de manera que si se sobrepasan debe comprar derechos de emisión a los países que estén en límites más bajos.
La buena marcha de la economía y de la industria con el rápido crecimiento de la producción en los últimos años se ve ahora amenazada por estos límites, por eso, algunas voces afirman que el Gobierno podría incluso estarse planteando pedir una moratoria en la aplicación de la directiva europea del Protocolo de Kioto, con el fin de renegociar la cuota de emisiones que el Gobierno aceptó en la negociación inicial del tratado.
"La CEOE calcula que hacer frente a esos compromisos supondrá a la industria española cerca de 4.000 millones de euros al año a partir de 2005, cifra equivalente al 0,6 por ciento del PIB". Estos gastos irían destinados a la compra de derechos de emisión y adecuación del tejido industrial, con el consiguiente impacto en la productividad y la competitividad española.