Unos 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo español el pasado 3 de diciembre se personaron en la causa penal abierta contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo, a los que exigen una fianza de hasta 60 millones de euros para posibles compensaciones.
Luis Vericat, socio del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a los afectados, explicó a Efe que en el escrito de personación presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid se reclama a los controladores que se ausentaron de sus puestos 10.000 euros para cada afectado, en concepto de responsabilidad civil derivada de daños morales, además de los perjuicios económicos, informa Efe.
Añadió que, en caso de que los controladores no depositen la fianza exigida, se ha pedido que sus bienes sean embargados, y subrayó que la personación de estos 5.000 ciudadanos es el primer paso de la Agrupación de Demandantes Afectados por el cierre del espacio aéreo, y que se espera que en los próximos días se les sumen varios miles de personas más.
Por otro lado, Vericat explicó en declaraciones a los medios que también se ha pedido que AENA declare como responsable civil subsidiaria en el supuesto de que los controladores no puedan afrontar el pago de las indemnizaciones, ya que ésta es, señaló, la empresa pública "responsable de asegurar el tránsito aéreo".
También han solicitado que el juzgado investigue quiénes fueron los controladores que se ausentaron de sus puestos en la víspera del Puente de la Constitución, y que, una vez hayan sido identificados, se les cite para prestar declaración. No obstante, el juez deberá aceptar la personación de la Agrupación de Demandantes en el proceso penal.
Por su parte, la presidenta de la agrupación de afectados, Elena Fuente, aseguró que, una vez que el laudo del ex ministro del PP Manuel Pimentel ha resuelto el conflicto laboral entre los controladores y AENA, "ahora toca resolver el daño causado a miles de personas".
En cuanto a las declaraciones hechas por el ministro de Fomento, José Blanco, quien afirmó que tras la emisión del laudo "no hay vencedores ni vencidos", Fuente insistió en que existen "miles de víctimas" afectadas por el conflicto que aún no han sido atendidas.
La Agrupación defiende que los controladores, que desde el punto de vista penal son considerados como funcionarios públicos, podrían haber cometido un delito de abandono de sus funciones previsto en el artículo 409 del Código Penal.
Esta asociación, que representa a 7.500 ciudadanos, también presentará una demanda colectiva contra AENA por la vía civil, en la que pide a su vez indemnizaciones de 10.000 euros para cada afectado. Según Vericat, con estas actuaciones judiciales "se abre un debate jurídico en España sobre la valoración de los criterios de responsabilidad de los daños cometidos sobre los ciudadanos".