Ni los 180.000 pensionistas ni la organización American Task Force se olvidan de los 4.5000 millones de euros que el Estado argentino aún no ha devuelto desde que en 2001 se precipitara la bancarrota soberana. Entonces, el Gobierno argentino inició unilaterlamente el incumplimiento de la deuda soberana más grande de la historia: 200.000 millones de dólares, el equivalente al 79% del PIB.
Gracias a la mano amiga del FMI, Argentina lorgó renegociar la deuda y reprogramarla de 3 a 5 años. Pero aún quedan 4.500 millones que adeuda a estos centenares de miles de tenedores de bonos minoristas a los que el ministro de Economía argentino, Amado Boudou, piensa plantearles una nueva propuesta para el canje de bonos. Para ello, el responsable económico se ha trasladado a Italia en visita oficial.
Con motivo de este desplazamiento y de la presencia de la presidenta Cristina Fernández Kirchner en Madrid, la ATFA -que representa a miles de estos acreedores afectados- piensa continuar presionando al matrimonio presidencial.
El último toque de atención ha llegado de la mano de sus presidentes Robert J. Shapiro, y la ex embajadora de EEUU en la ONU Nancy Soderberg, que han enviado una carta a Boudou, argumentando que las condiciones del canje que piensa plantearles a los acreedores son "inaceptables". En la misiva, a la que ha tenido acceso LD, Shapiro señala que "la última propuesta del Gobierno argentino es mucho peor que la presentada en 2005, que ya de por sí era la peor oferta de la historia", indica.
El mensaje para los jubilados y pensionistas tenedores de bonos de deuda argentina es claro: deben ser "prudentes" y no aceptar la oferta del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Shapiro y Soderberg indican que Argentina ofrece a los acreedores tan sólo el 25% del reclamo total, dejando de lado los intereses acumulados durante la última década. Poco menos que una limosna.
Entre otros argumentos, Shapiro sostiene que "Argentina tiene una gran capacidad para pagar sus deudas, pero insiste en retener los pagos". El ex asesor de Bill Clinton considera que las condiciones que el Ejecutivo argentino plantea a los acreedores son profundamente injustas porque, precisamente, ahora "la economía argentina se ha recuperado desde la recesión de 2001, que precipitó el incumplimiento del pago de la deuda, y es más que capaz de ofrecer a los acreedores una restructuración justa". Pero no hay voluntad de hacerlo.
La ATFA ha elaborado un completo informe sobre el proceder del Gobierno argentino con relación al incumplimiento del pago, que no sólo atormentó a los mercados internacionales y a los inversores sino que también violó la ley estadonidense.