LD (EFE) Éstas son algunas de las ideas que la Unión Europea (UE) defenderá en la reunión del G20 del próximo 2 de abril en Londres, según un documento que mañana ratificará el Ecofin (Consejo de ministros de Finanzas). El FMI lleva meses pidiendo un aumento de sus recursos para garantizar que puede ofrecer ayuda a todos los países que la necesiten.
La institución, con sede en Washington, ha prestado ya 50.000 millones de dólares a Gobiernos en apuros y dispone de otros 200.000 millones, pero calcula que sus necesidades pueden llegar a 500.000 millones. Japón le ha ofrecido un préstamo de 100.000 millones de dólares, por lo que todavía hacen falta otros 150.000 millones, que espera que aporten los demás países miembros.
Desde la UE, los ministros de Finanzas se muestran de acuerdo y señalan que "los Estados miembros deben aportar una contribución conjunta para doblar temporalmente los recursos financieros del Fondo". También ven necesario, según el borrador del texto que prevén aprobar mañana, ampliar sus tareas de supervisión de manera que incluya al sector financiero.
Abogan por reforzar su cooperación con el Foro de Estabilidad Financiera (un órgano informal que reúne a autoridades y supervisores de economías desarrolladas, así como a representantes de organismos multilaterales, como el BCE, el FMI y la OCDE) y por establecer mecanismos de alerta rápida "comunes y eficaces" para la prevención de crisis.
La UE insistirá en Londres, igual que ya hizo en la reunión del G20 celebrada en Washington en noviembre de 2008, en la urgencia de reformar el sistema de gestión tanto del FMI como de su institución hermana, el Banco Mundial (BM), así como de revisar el mecanismo de elección de sus dirigentes. Volverá a pedir más transparencia y responsabilidad, mediante la mejora de las reglas del sector bancario y de la normativa contable, así como la extensión de la regulación a todos los productos y operadores de los mercados financieros.
Uno de los objetivos de la UE en este proceso de reforma del sistema financiero es la lucha contra los llamados "paraísos fiscales". Una medida que defiende a capa y espada el PSOE en España. Los 27 apuestan por hacer una lista de jurisdicciones que no cooperan en el intercambio de información, especialmente para fines fiscales, de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.