Griñán va a una velocidad de vértigo, aunque cuesta abajo: en las encuestas, en el prestigio democrático y en el amor de sus empleados públicos. Para frenar esta caída, por ahora lo único que tiene libre, ha conseguido contar con el ex presidente Felipe González, con el que coincidió en el gobierno de la cuarta huelga general soportada por el PSOE desde 1982. Pero en su aceleración, parece ser el primer presidente andaluz en conseguir una colección de víctimas, empleados públicos andaluces represaliados por manifestar libremente su oposición al "Decretazo".
Lo más reciente es la imputación de cuatro funcionarios de la Junta de Andalucía por alteración del orden público a instancias de una denuncia de la Policía Autonómica, dependiente del Ejecutivo andaluz. Ocurrieron los hechos durante un acto celebrado el 22 de noviembre en la Diputación y en el que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (junto a cuatro cargos públicos más del PSOE), abría el curso de la UNED con una lección magistral.
Los trabajadores públicos interrumpieron la conferencia de Aguayo exhibiendo unas camisetas reivindicativas para protestar contra el "decretazo" que reordena el sector público andaluz. Por ello tuvo lugar una denuncia remitida al Juzgado de Guardia por la unidad policial autonómica un día después de la protesta —que concentró a 500 funcionarios a las puertas del Palacio de la Merced, custodiado por agentes policiales—.
Los cuatro trabajadores ahora imputados fueron requeridos por la Policía e identificados por exhibir esas camisetas y "ante el riesgo de que la interrupción del acto pudiese agravarse con insultos, pitidos de silbatos y lanzamiento de objetos, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones y en otras provincias, protagonizados los hechos por miembros de las mismas plataformas".
Nada de ello ocurrió y los policías desalojaron a los cuatro funcionarios del salón de actos, al que se accedía por invitación de la UNED. "Se significa que estas personas abandonaron el salón de actos ante el requerimiento policial sin oponer resistencia física alguna, salvo una que se negó hincando la rodilla en el suelo y dejándose caer sin fuerza, por lo que tuvo que ser sacada cogida de los brazos entre dos agentes utilizando la mínima fuerza necesaria para que no se cayese al suelo", se describe en la denuncia policial sobre la que informó ABC.
Ahora, los cuatro se enfrentarán a un juicio de faltas en marzo en Instrucción 3. El diputado andaluz del PP por Córdoba, Salvador Fuentes, denunció mediante un comunicado que "la solución a la chapuza del decreto debe hacerse desde el diálogo con todos y no persiguiendo a los trabajadores con actuaciones desproporcionadas y represivas".
Fuentes anunció que su partido pedirá al Gobierno andaluz que dé explicaciones en el Parlamento sobre esta actuación e imputación, y por qué retiró unas medidas administrativas abiertas para buscar la apertura de un juicio de faltas.
Casos anteriores
La directora general de Infancia y Familia, María Teresa Vega Valdivia, insultó gravemente a un subordinado suyo, funcionario de carrera, llamándole "sinvergüenza" por identificarlo con las personas que dentro de su departamento se manifiestan contra el "decretazo" de José Antonio Griñán. La directora general, número 5 del escalafón de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que rige la jiennense Micaela Navarro, escribió de su puño y letra el insulto sobre una de las pegatinas que se distribuyen en la Junta por quienes son partidarios de la derogación del Decreto que pretende incorporar como empleados públicos a los trabajadores de empresas públicas, fundaciones y entes instrumentales. Concretamente escribió: "ERES UN SINVERGÜENZA, LO QUE TENGAS QUE DECIRME DÍMELO A LA CARA".
Estos hechos ocurrieron a finales del pasado mes de noviembre. no fueron desmentidos por la interesada y originaron que, ante la indiferencia de la Directora General, de su Consejera y de la Junta de Andalucía en general, el funcionario insultado elevara a José María Oliver, viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, de la que depende la dirección general de la que es titular la autora de los insultos, un escrito exigiendo se preservase en su departamento el respeto debido a su persona.
Por manifestarse en Málaga, uno de estos funcionarios fue identificado por la Policía por orden de Hilario López Luna, subdelegado del gobierno. En el documento oficial, que no tiene desperdicio, el subdelegado del gobierno en Málaga, HILARIO LÓPEZ LUNA, acuerda sancionar a un manifestante funcionario sin más trámites que su sacrosanta voluntad. Y hay una serie de cosas raras que son especialmente inquietantes. Los hechos se referían al 26 de noviembre de 2010.
Primero, el que denuncia no era un agente, un policía. Denuncia la Comisaría entera. Dice así el documento: "Vista la denuncia recibida con fecha 21/11/2010, formulada por la COMISARIA DE POLlCIA DE MALAGA, contra D. / Dña. . –' - y conforme a lo previsto en el RO. 1398/93, de 4 de agosto (B.O,E. 189 de 9 de agosto'),"' se acuerda la iniciación de expediente sancionador por este Centro, para cuya resolución resulta competente el Subdelegado del Gobierno en Málaga..."
Segundo, que según se relata en los hechos, depende de si van a aplaudir o a pitar el comportamiento de la Policía a las órdenes del Subdelegado. Cuando es la concentración de personas para aplaudir, ¿piden permiso a la autoridad gubernativa?
Y lo curioso de este caso, es que el hijo del señor López Luna, Ignacio López Cano fue contratado como eventual, es decir, sin las garantías exigidas en los procesos públicos y abiertos, por la entidad dependiente en gran medida de la Junta, Consorcio Metropolitano de Transportes de Málaga,, que presidía la hoy ministra Rosa Aguilar. Después hizo un concurso oposición al que sólo se presentó él mismo. Precisamente es este uno de los motivos de las manifestaciones contra el decretazo que hacen los empleados públicos.