El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el Real Decreto Ley que regula el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción. Una especie de PER andaluz, pero a nivel nacional, que tiene por objetivo subvencionar a los parados que, debido a la imposibilidad de encontrar trabajo, ya han agotado sus prestaciones de desempleo.
El nuevo subsidio, que gestionará el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, otorgará 420 euros al mes a los parados sin prestación que tengan rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (menos de 468 euros). En principio, la nueva renta se podrá percibir durante un máximo de seis meses.
Para solicitar dicha ayuda los beneficiarios disponen de dos meses desde el momento en que hayan agotado su prestación por desempleo. La medida entrará en vigor el presente mes, con efectos retroactivos desde el 1 de agosto.
Según los cálculos del Gobierno, el coste del nuevo PER nacional será de 642 millones de euros. Una cuantía que correrá a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal. El Ejecutivo estima que la medida beneficiará a 340.000 desempleados que, al finalizar sus periodos de prestación contributiva o subsidio, no puedan acceder a otra prestación. Y es que, su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas Administraciones Públicas.
Hasta aquí el anuncio oficial del Gobierno. Sin embargo, la nueva medida esconde varias trampas.
1. Más maquillaje estadístico
La primera, y más destacable, consiste en que los beneficiarios "deberán suscribir un compromiso de participación en itinerarios activos de inserción" para mejorar "sus capacidades y competencias profesionales", según el Gobierno. De este modo, los desempleados deberán inscribirse como demandantes de empleo que reciben cursos de formación.
Esto permitirá al Gobierno maquillar aún más las cifras de paro, ya que Trabajo no contabiliza como parados a todos aquellos demandantes de empleo inscritos en cursillos de formación o capacitación profesional. Mes a mes, casi medio millón de parados son borrados de las listas del Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) por éste, y otros motivos análogos.
El pasado julio, el número total de parados ascendía a 4.056.894, una vez limpiado el maquillaje estadístico del Gobierno. Trabajo saca de las listas oficiales a los desempleados no ocupados -DENOS-, que incluyen a los Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados (TEASS) y a los desempleados que acuden a cursillos.
Además, el departamento de Corbacho no contabiliza a los demandantes de empleo no ocupados que buscan condiciones especiales de trabajo, y que en el mes pasado ascendieron.
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Como ya se ha señalado, entre estos parados ocultos, Trabajo incluye aquellos que han accedido a algún curso de formación para mejorar su cualificación profesional. Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para acceder a este nuevo subsidio es necesario estar cursando algún programa formativo, Corbacho podrá incrementar su maquillaje estadístico.
Otra de las estadísticas que refleja este maquillaje es la que elabora trimestralmente el INE, la Encuesta de Población Activa (EPA). La última publicada es la correspondiente al segundo trimestre, en la que se desmonta el maquillaje de Trabajo. Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja los casi 450.000 parados ocultos que esconde Trabajo.
Además, el Gobierno matiza que los beneficiarios deberán "suscribir el compromiso de actividad y comprometerse a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el Servicio Público de Empleo correspondiente", sin especificar cuáles.
2. Carácter indefinido
El Gobierno insiste en que se trata de una medida "excepcional" y "temporal". Sin embargo, pese a que en principio tendrá una vigencia de seis meses, el citado subsidio será prorrogable por periodos de seis meses, con carácter indefinido. El programa estará vigente hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 17%.
3. Paro del 20% hasta 2011
De este modo, el programa cuenta con una vigencia indeterminada. En la actualidad, la tasa de desempleo en España supera el 18%, y todos los organismos nacionales e internacionales prevén un paro superior al 20% en 2010. De hecho, las peores estimaciones auguran que España sufrirá un paro de entre el 25% y el 30% a finales del próximo año.
A ello, se suma que, de momento, no hay atisbo alguno de recuperación económica. De hecho, el Banco de España estima que la recesión se prolongará durante 2010, mientras que la Comisión Europea sitúa a España a la cola de la UE 27 en este ámbito, al considerar que el PIB español seguirá registrando tasas negativas hasta principios de 2011.
Teniendo en cuenta que España no logra generar empleo si crece por debajo del 2,5% anual, se tardarán varios años en situar la tasa de paro por debajo del 17%, según las últimas estimaciones de los organismos oficiales. El PER nacional se prolongará, pues, más allá de 2010.
4. El número de beneficiarios será mayor
Además de lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Según ha explicado este jueves la vicepresidenta De la Vega, la medida beneficiará a 340.000 parados, en condiciones especiales de precariedad.
Una cifra que podría estar muy alejada de los datos reales. Atendiendo a las estadísticas oficiales, y siendo el mes de junio el último del que se tienen datos, en España existen casi 1,5 millones de parados que no perciben ningún tipo de prestación.
En concreto, 1.456.666 parados no percibían ya ningún tipo de prestación por desempleo en junio.
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Mientras, según la EPA del segundo trimestre, los hogares con todos los miembros en paro aumentó en 49.900, un 4,6% más sobre el trimestre anterior. En el último año, el número de hogares con todos los miembros sin trabajo se ha incrementado en 564.400 hogares, un 101,9% más. En total, la cifra de hogares con todos sus miembros en el desempleo se situó en 1.118.300 al finalizar el mes de junio. Un verdadero drama que destapa la improvisación del Gobierno.
Asimismo, más de 2 millones de parados llevan más de seis meses buscando empleo, con lo que corren el riesgo de agotar sus prestaciones por desempleo a corto y medio plazo.
5. El coste se multiplicará
El Gobierno estima un coste de 640 millones de euros. Existen diversas trampas en dicho cálculo. En primer lugar, si 340.000 desempleados cobran 420 euros al mes durante seis meses, tal y como estima Trabajo, el coste superaría los 850 millones de euros. Las cifras no cuadran: existe un desfase al alza superior a los 200 millones.
Además, el programa es prorrogable, y puesto que el paro tardará en bajar del 17%, la cuantía final podría, como mínimo, triplicar los cálculos iniciales. Y eso, siempre y cuando, España salga de la recesión en 2011 y el número de beneficiarios no supere los 340.000 que prevé el Gobierno.
Por otro lado, el coste es compartido. Las Comunidades Autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo. En este sentido, la consejera de Trabajo de la Generalidad de Cataluña, Mar Serna, calculó este jueves que la renta de 420 euros tendrá un coste aproximado de 200 euros por persona para las arcas catalanas, ya que serán las CCAA las encargadas de ofrecer los itinerarios de formación y orientación.
Por último, el programa será financiado por el Servicio Público de Empleo. El matiz aquí radica en que Trabajo carece de dinero, no sólo para cubrir el citado PER para parados, sino incluso para abonar las prestaciones temporales que, por derecho, corresponden a los desempleados. No obstante, el Gobierno tuvo que pedir un crédito de 17.000 millones de euros el pasado junio para pagar el paro. Es decir, el coste del nuevo subsidio se cubrirá con deuda pública.