LD (EFE) La causa contra las petroleras se abrió en mayo de 2002 tras admitir el juez a trámite las denuncias presentadas por varias organizaciones integradas en la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.
La toma de declaraciones debió comenzar el pasado viernes, pero la primera jornada, en la que debían comparecer los representantes de Repsol YPF, Repsol Petróleo, Cepsa y BP España, se aplazó hasta el 10 de diciembre. Las partes alegaron una excesiva premura de tiempo, ya que la providencia del juez se había notificado el jueves.
La toma de declaraciones debió comenzar el pasado viernes, pero la primera jornada, en la que debían comparecer los representantes de Repsol YPF, Repsol Petróleo, Cepsa y BP España, se aplazó hasta el 10 de diciembre. Las partes alegaron una excesiva premura de tiempo, ya que la providencia del juez se había notificado el jueves.
En julio de 2002, el entonces fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, pidió al juez Ruiz Polanco la citación como imputados de cuatro directivos de Repsol YPF y Cepsa, y de un antiguo empleado de esta última petrolera. El escrito de la Fiscalía Anticorrupción aseguraba que el comportamiento de las petroleras es "directamente opuesto al funcionamiento libre de una economía de mercado". Tanto las petroleras como la patronal AOP han rechazado de forma reiterada que haya existido concertación de precios.