L D (EFE) El paro, convocado por las principales asociaciones de empresas de grúas, cuenta con el apoyo del 80 por ciento del sector y afectará a casi toda España, según cálculos de la Confederación Española de Empresas de Asistencia en Carretera (CEPAS). Sin embargo, el sector de la asistencia en carretera cuenta con un gran número de pequeñas empresas y las decisiones de las organizaciones nacionales deben ser ratificadas por las asociaciones provinciales y autonómicas.
Los gruístas de Extremadura han decidido no apoyar el paro ante el temor de que las aseguradoras tomen represalias y, en Andalucía, la provincia de Cádiz ya ha confirmado que no acudirá a la convocatoria, mientras que Sevilla y Huelva todavía no han tomado una decisión. Además, algunas asociaciones regionales han acordado restringir el paro a entre tres y cinco días, aunque no descartan prolongarlos si las negociaciones con la patronal de las aseguradoras, UNESPA, continúan estancadas.
En cualquier caso, ante la inminencia del paro, la Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha anunciado que activará un dispositivo especial para minimizar los perjuicios sobre los ciudadanos y tratar de garantizar la seguridad vial. Igualmente, el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha elaborado un decálogo para los conductores con el fin de evitar que se repitan las escenas vividas el pasado mes de agosto con un paro similar.
Concretamente, las asociaciones de empresas de asistencia en carretera exigen a UNESPA que actualice las tarifas que las aseguradoras abonan a las grúas en función de las conclusiones que se extraen de los informes de la Universidad de Alcalá de Henares y la Consultora Spim.
Esos informes fueron encargados de mutuo acuerdo por las partes después del paro del pasado verano y situaron el importe medio por servicio en 49 euros, frente a los 23 euros que, de media, pagan ahora las aseguradoras a las empresas de asistencia en carretera.
UNESPA alega, sin embargo, que los estudios no pueden aplicarse hasta su redacción definitiva, prevista para el próximo día 25, tras el análisis de las alegaciones de las partes, y que, posteriormente, deben recibir la aprobación del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC).