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Las gasolineras irán a la huelga el 25 de mayo por la la Ley Antitabaco y la falta de competencia

La Asamblea de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha acordado convocar un cierre patronal el próximo 25 de mayo con el objetivo de presionar a las petroleras y exigir a la Administración una mayor competencia en el sector. Asimismo, pretenden mostrar su desacuerdo con la normativa que les impide vender tabaco y alcohol.

La Asamblea de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha acordado convocar un cierre patronal el próximo 25 de mayo con el objetivo de presionar a las petroleras y exigir a la Administración una mayor competencia en el sector. Asimismo, pretenden mostrar su desacuerdo con la normativa que les impide vender tabaco y alcohol.
LD (EFE) Las gasolineras tienen libertad de horarios, pero no pueden realizar paros patronales, por lo que los asociados a la CEEES que secunden la iniciativa abrirán ese día durante una hora y cerrarán las 23 restantes, según explicó a EFE el presidente de la asociación, Juan Prats.

La CEEES, que agrupa a 3.999 gasolineras, persigue que Cepsa y Repsol YPF cumplan las sentencias del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que les obligan a dejar de fijar los precios de los carburantes y la supresión de los contratos de exclusividad de duración superior a la establecida por Bruselas con las petroleras.

Asimismo, la patronal quiere mostrar con el cierre su desacuerdo con las normativas que les impiden vender tabaco y alcohol en las gasolineras porque recortan su capacidad de negocio y son discriminatorias. "Somos establecimientos comerciales, al igual que los bares y los quioscos, y queremos vender tabaco cumpliendo los mismos requisitos que ellos", dijo Prats.

La facturación de las tiendas de las gasolineras se ha reducido un 30 por ciento entre el 1 de enero, cuando entró en vigor la ley antitabaco, y finales de febrero, según la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP).

CEEES señala en un comunicado que la medida se ha adoptado "tras el análisis de la situación del mercado y las difíciles condiciones en que las gasolineras tienen que desarrollar su trabajo".

El pasado 12 de abril Repsol YPF y la Comisión Europea (CE) llegaron a un acuerdo por el que la petrolera permitirá a las estaciones de servicio abanderadas bajo su marca rescatar de forma anticipada sus contratos, que en algunos casos tenían una duración de 25 años, para cambiar de suministrador a cambio de una compensación económica.

La CEEES había barajado previamente la posibilidad de realizar el cierre el 18 de mayo, pero en la Asamblea de este jueves, a la que asistió el 85 por ciento de sus socios, se decidió aplazarlo una semana para evitar que coincidiera con el día después de la final de la Liga de Campeones de Fútbol, afirmó Prats. El presidente de la patronal señaló que los socios han considerado que el cambio de fecha daría más notoriedad al cierre e indicó que algunos asociados eran partidarios de adelantarlo.

El cierre no será seguido por todas las asociaciones del sector y patronales como la Agrupación Española de Vendedores al Por Menor de Carburantes y Combustible (AEVECAR), que ha decidido emprender otra estrategia. Según explicó a Efe el presidente de AEVECAR, Alejandro Moratilla, su asociación mantiene negociaciones para lograr permiso para la venta de tabaco en los establecimientos que están dentro de las gasolineras y, en caso de que no prosperen, descartan "medidas de presión" y optarían por "cerrar el turno de noche, sino resulta rentable".

La batalla de las gasolineras contra la fijación de precios por parte de las grandes petroleras comenzó en abril de 1999, fecha en la que la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Andalucía presentó una denuncia contra Repsol YPF y Cepsa ante el SDC. En mayo de 2001, el TDC multó a Cepsa con 1,2 millones de euros y dos meses después hizo lo mismo con Repsol YPF, empresa a la que impuso una multa de 3 millones de euros. Las dos petroleras recurrieron ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y pidieron la suspensión cautelar de la resolución del TDC, pero ambas instancias lo denegaron sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

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