(Libertad Digital) Las eléctricas consideran que esta norma dificulta el cumplimiento de los objetivos de la política energética y medioambiental de la Unión Europea y vulnera dos directivas comunitarias, así como diversos principios generales del derecho comunitario, según han informado a EFE fuentes de Unesa.
Según las compañías, el Real Decreto-Ley vulnera la directiva europea sobre derechos de emisión de gases de efecto de invernadero (Directiva 2003/87), que obliga a internalizar su coste en el precio del producto final, y la normativa sobre el mercado interior de la electricidad (Directiva 2003/54) en lo que afecta a seguridad de suministro y desarrollo de redes.
Entre sus argumentos, las eléctricas consideran que la norma supone una privación patrimonial "injustificada e injustificable" y desincentiva futuras inversiones para adecuar su parque de generación y realizar mejoras medioambientales en sus instalaciones.
Según las compañías, el Real Decreto-Ley vulnera la directiva europea sobre derechos de emisión de gases de efecto de invernadero (Directiva 2003/87), que obliga a internalizar su coste en el precio del producto final, y la normativa sobre el mercado interior de la electricidad (Directiva 2003/54) en lo que afecta a seguridad de suministro y desarrollo de redes.
Entre sus argumentos, las eléctricas consideran que la norma supone una privación patrimonial "injustificada e injustificable" y desincentiva futuras inversiones para adecuar su parque de generación y realizar mejoras medioambientales en sus instalaciones.
Además, consideran que distorsiona el funcionamiento del mercado único de electricidad y las coloca en "desventaja competitiva" frente a las eléctricas de otros países miembros que no sufren minoración de sus ingresos.
Asimismo, argumentan que el Real Decreto-Ley supone una discriminación frente a otros sectores que emiten CO2 y que tampoco deben restarlos de sus ingresos.
Las eléctricas consideran también que favorece que se mantengan "anormal y artificialmente" bajas las tarifas eléctricas en España e "incentiva el consumo irracional", lo que incrementa la demanda de energía y, en consecuencia, los gases de efecto invernadero.
Asimismo, argumentan que el Real Decreto-Ley supone una discriminación frente a otros sectores que emiten CO2 y que tampoco deben restarlos de sus ingresos.
Las eléctricas consideran también que favorece que se mantengan "anormal y artificialmente" bajas las tarifas eléctricas en España e "incentiva el consumo irracional", lo que incrementa la demanda de energía y, en consecuencia, los gases de efecto invernadero.
La denuncia fue presentada el pasado jueves contra el Real Decreto-Ley 11/2007, aprobado por el Gobierno en diciembre de 2007 y que recibió el respaldo del Congreso. Hasta entonces, las eléctricas habían disfrutado de un reparto de derechos gratuitos para emitir CO2. Según el Gobierno, las eléctricas cobran en el recibo el coste de emitir CO2 cuando en realidad no lo tienen, y ahora quiere que lo paguen. Para pagar esos derechos, el Gobierno permitirá a estas empresas menos ingresos por las tarifas. Según el diario Expansión, sólo en 2008, se calcula un impacto de 1.400 millones de euros.