LD (EFE) ), según lo reveló la prensa del país austral. De acuerdo con el informe publicado por el diario "Clarín",
Jubilaciones mal pagadas, contratos rescindidos, deudas a proveedores y accidentes son algunas de las causas que motivan las demandas en contra del Estado, que en 2001 eran poco más de 300.000. Este aumento se sustenta en los juicios que iniciaron los ahorradores cuyos depósitos bancarios en dólares fueron convertidos a pesos argentinos y a quienes se les negó, además, la posibilidad de disponer libremente de su dinero. Estos damnificados reclaman al Estado argentino que les indemnice por valor de 14.000 millones de pesos (casi 5.000 millones de dólares, unos 4.425 millones de euros).
Otros 21.000 millones de pesos (más de 7.000 millones de dólares, unos 6.200 millones de euros) es el monto reclamado a la administración nacional por juicios entablados por ciudadanos que incluyen las causas más diversas. Estos 35.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de dólares, alrededor de 10.625 millones de euros) que reclaman los particulares equivalen al presupuesto que se necesita para cubrir, durante una década, todos los gastos del Gobierno de Buenos Aires.
Por otra parte, las empresas de servicios públicos privatizados reclaman unos 17.000 millones de dólares (más de 15.000 millones de euros) porque consideran que sus contratos, que fijaban sus tarifas en dólares, fueron violados tras la devaluación del peso en enero de 2002. Además, el Estado argentino afronta demandas en el exterior, como el caso de la alemana Siemens, que exige 550 millones de dólares (unos 442,5 millones de euros), después de que el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) le rescindiera el contrato para confeccionar los documentos de identidad.
Otro caso es el de la emblemática fragata "Libertad", buque escuela de la Armada argentina que ha navegado por todos los mares del mundo, pero que ahora no puede acercarse al puerto de Panamá, donde sería tomada como garantía por un juicio de 15 millones de dólares (unos 13,2 millones de euros) por una frustrada venta de armas.
La única forma de garantizarse el pago del Estado es a través del embargo de sus bienes, ya que cuando asumió el poder el presidente provisional Eduardo Duhalde (2002-2003) declaró la emergencia nacional y suspendió todos los pagos judiciales desde enero de 2002.
Jubilaciones mal pagadas, contratos rescindidos, deudas a proveedores y accidentes son algunas de las causas que motivan las demandas en contra del Estado, que en 2001 eran poco más de 300.000. Este aumento se sustenta en los juicios que iniciaron los ahorradores cuyos depósitos bancarios en dólares fueron convertidos a pesos argentinos y a quienes se les negó, además, la posibilidad de disponer libremente de su dinero. Estos damnificados reclaman al Estado argentino que les indemnice por valor de 14.000 millones de pesos (casi 5.000 millones de dólares, unos 4.425 millones de euros).
Otros 21.000 millones de pesos (más de 7.000 millones de dólares, unos 6.200 millones de euros) es el monto reclamado a la administración nacional por juicios entablados por ciudadanos que incluyen las causas más diversas. Estos 35.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de dólares, alrededor de 10.625 millones de euros) que reclaman los particulares equivalen al presupuesto que se necesita para cubrir, durante una década, todos los gastos del Gobierno de Buenos Aires.
Por otra parte, las empresas de servicios públicos privatizados reclaman unos 17.000 millones de dólares (más de 15.000 millones de euros) porque consideran que sus contratos, que fijaban sus tarifas en dólares, fueron violados tras la devaluación del peso en enero de 2002. Además, el Estado argentino afronta demandas en el exterior, como el caso de la alemana Siemens, que exige 550 millones de dólares (unos 442,5 millones de euros), después de que el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) le rescindiera el contrato para confeccionar los documentos de identidad.
Otro caso es el de la emblemática fragata "Libertad", buque escuela de la Armada argentina que ha navegado por todos los mares del mundo, pero que ahora no puede acercarse al puerto de Panamá, donde sería tomada como garantía por un juicio de 15 millones de dólares (unos 13,2 millones de euros) por una frustrada venta de armas.
La única forma de garantizarse el pago del Estado es a través del embargo de sus bienes, ya que cuando asumió el poder el presidente provisional Eduardo Duhalde (2002-2003) declaró la emergencia nacional y suspendió todos los pagos judiciales desde enero de 2002.