La decisión de Bruselas sobre el real decreto español estaba prevista para el pasado mes de julio pero se retrasó por las objeciones de algunos comisarios, entre ellos el responsable de Medio Ambiente, Janez Potocnik, que consideran que contradice la política europea de reducir las emisiones de CO2 y apostar por las energías renovables.
El plan español obliga a una decena de centrales térmicas a quemar carbón nacional y, a cambio, les compensa con un precio fijo y con la garantía de colocación de la electricidad producida. El Gobierno ha justificado estas ayudas por la necesidad de garantizar la seguridad de suministro.
La organización ecologista WWF había denunciado ante el Ejecutivo comunitario que autorizar el plan español contradeciría la propuesta de Bruselas de acabar con las ayudas públicas al carbón de aquí a 2014. "Aunque el actual plan español tiene una duración limitada, si se aprueba España podría notificar una prórroga del régimen basada en derecho teniendo en cuenta su aceptación inicial", alegó WWF.
Con el compromiso del Gobierno español de no dar más ayudas públicas al sector más allá de 2014 se resolvería esta contradicción. Bruselas ha propuesto prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumanía. La norma debe ser aún aprobada por los Gobiernos de los 27 y algunos quieren ampliar el plazo.
Sebastián, "confiado"
Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se ha mostrado "confiado" en que la Comisión Europea apruebe este miércoles el plan español de ayuda al sector del carbón hasta 2014 con el apoyo de "la inmensa mayoría" del colegio de comisarios y pese a las reticencias de los responsables comunitarios de Energía y de Cambio Climático.
"Entendemos que la inmensa mayoría del Colegio lo aprobará (porque) conoce que es un decreto excepcional para una situación excepcional y que está dentro de la legalidad europea y dentro de la capacidad que tenemos los países para dotarnos de hasta un 15% de nuestro suministro con materia prima autóctona, como es el caso del carbón español", ha dicho el ministro a su llegada a la sede del Ejecutivo comunitario.
Sebastián ha viajado a Bruselas para reunirse con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, y con el comisario de Energía, el alemán Günther Oettinger.
Aunque ha pedido "prudencia" y ha considerado lógico que el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, y la comisaria de Cambio Climático, Connie Hedegaard, muestren "algún impedimento" al plan español de ayudas al carbón, Sebastián ha insistido en que confía en recibir el visto bueno de Bruselas.
Respecto a que la Comisión aprobará las ayudas españolas pero exigirá como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014, Sebastián ha asegurado que este plazo no plantea problemas al Ejecutivo porque es "exactamente lo que se había negociado" y se trata de un decreto con carácter "temporal" para dar respuesta a una situación coyuntural "que ponía en riesgo nuestra fuente de suministro autóctona fósil" por la caída de la demanda "tan brutal" en 2009 y 2010.
"Es un decreto que viene a atender una situación coyuntural y nos parece razonable que el decreto esté vigente hasta 2014", ha explicado a los medios.
Nuevo reglamento
En paralelo, la Unión Europea negocia un nuevo reglamento sobre las ayudas al carbón, para reemplazar al que expira este año, y que Bruselas propone ampliar hasta 2014 condicionando las ayudas al cierre de las minas deficitarias. Para España ese techo resulta insuficiente y aspira a un plazo mayor.
Sebastián ha incidido en que mientras que el plan español es una respuesta "coyuntural", el reglamento comunitario "es a futuro" y para España "no es aceptable" el límite de 2014.
"Queremos mantener las ayudas públicas para un sector vital para nuestro suministro energético más allá de 2014 e incluso más allá de 2018", ha dicho el ministro, que ha recordado que "la última palabra la tienen los Gobiernos y el Consejo" y ha dicho contar con el apoyo de "muchos" países "relevantes" para alargar el plazo. Además ha señalado la necesidad de dar cierta "flexibilidad" y el "máximo tiempo posible" a los Estados miembros para la transición de un reglamento a otro.