Las nuevas sanciones, que en el caso de España supondrían 2.000 millones de euros, son uno de los pilares del plan de la UE para evitar que se repitan nuevas crisis de deuda. Sin embargo, los Estados miembros han descafeinado la propuesta original de la Comisión. Las multas no serán casi automáticas como defendía Bruselas, sino que se deja más tiempo a los países incumplidores para corregir sus problemas y se da más peso a las decisiones políticas de los ministros de Economía, que en el pasado han aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad, informa Europa Press.
De hecho, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha vuelto a avisar de que la reforma no va lo suficientemente lejos como para prevenir futuras crisis y ha pedido a la Eurocámara que endurezca las sanciones.
"Continuamos pensando que esta mejora de la gobernanza es insuficiente para extraer las lecciones de la crisis", ha dicho Trichet durante el debate público. "La crisis ha puesto de relieve una serie de debilidades que no han sido plenamente corregidas" en el compromiso aprobado, ha resaltado el presidente del BCE.
En contraste, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha resaltado que se trata de una "reforma histórica" y ha dicho que espera que el nuevo sistema de sanciones pueda ya aplicarse cuando se examinen los presupuestos y los planes de reformas de los Estados miembros correspondientes a 2012.
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha agradecido la "flexibilidad" de la Comisión y del resto de colegas "con los países más descentralizados como España". A su juicio, la reforma del sistema de sanciones y el principio de acuerdo para reforzar el fondo de rescate sitúan a la UE en una "buena posición" para "luchar contra la inestabilidad financiera". Por su parte, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, ha asegurado que el acuerdo es "muy ambicioso" e "histórico" porque "completa la unión monetaria con un aspecto de gobernanza que avanza hacia el gobierno económico europeo".
Sanciones tempranas
Las nuevas sanciones se activarán en una fase temprana para prevenir que los problemas se agraven. Si un país no realiza los ajustes necesarios para acercarse al equilibrio presupuestario,la UE le obligará a bloquear un depósito generador de intereses del 0,2% de su PIB. Cuando se sobrepase el 3% de déficit se le retendrán los intereses, y el depósito se transformará en una multa si el Gobierno afectado no ha tomado las medidas exigidas para corregir el déficit.
En la actualidad, el Pacto de Estabilidad ya prevé este tipo de multas para los infractores, pero nunca se han aplicado en la práctica. El momento en que se estuvo más cerca de imponerlas fue en 2003, pero Alemania y Francia, que eran los países incumplidores, paralizaron el proceso y forzaron una reforma del Pacto para flexibilizarlo.
Las sanciones se activarán de forma semiautomática a propuesta de la Comisión, ya que se prevé un mecanismo de voto inverso, lo que quiere decir que la propuesta de sanciones presentada por Bruselas se considerará adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. No obstante, el lanzamiento de un procedimiento sancionador seguirá siendo una decisión política que dependerá del Ecofin.
Con el nuevo sistema se tendrá más en cuenta el límite del 60% de deuda previsto en el Pacto de Estabilidad y que hasta ahora se ha ignorado. Así, un país que no supere el umbral del 3% de déficit pero que tiene una deuda por encima del umbral podrá ser objeto de un expediente por déficit excesivo si no ha logrado una rebaja de un veinteavo de la diferencia con el umbral del 60 % durante los tres últimos años. No obstante, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes, como el nivel de deuda privada, como reclamaba Italia donde ésta es muy baja.
Procedimiento por desequilibrio excesivo
Aparte del procedimiento por déficit excesivo, se crea un nuevo procedimiento por desequilibrios excesivos, que se traducirá en multas de hasta el 0,1% del PIB (en el caso de España, 1.000 millones de euros) para los países de la eurozona que no adopten las medidas recomendadas para frenar su pérdida de competitividad, por ejemplo para los que no eviten la aparición de burbujas inmobiliarias.
Este nuevo sistema de vigilancia se basará en una serie de indicadores para detectar de forma precoz cualquier desequilibrio que amenace la estabilidad de la economía europea. Los Veintisiete ya se han puesto de acuerdo a nivel técnico en nueve indicadores: se trata del balance por cuenta corriente, la posición neta de activos exteriores, el tipo efectivo de cambio real basado en los costes salariales unitarios, el tipo efectivo de cambio real basado en el deflactor del PIB, los precios de la vivienda, la deuda del Gobierno y el ratio de crédito al sector privado en porcentaje del PIB.
Salgado ha dicho que se ha logrado un "buen equilibrio" sobre este procedimiento por desequilibrios excesivos. En este caso, según la vicepresidenta, las sanciones serán menos automáticas, tal y como reclamaba España, porque estos desequilibrios "tienen razones muy diversas que no siempre son fáciles de evitar por parte de los Estados. Ahí la responsabilidad de los Estados no es la misma que en el caso de los desequilibrios fiscales".
Además, en este capítulo se tendrá en cuenta no sólo el déficit por cuenta corriente como el que tiene España sino también el superávit de Alemania. "Los desequilibrios en ambos sentidos están contemplados como desequilibrios macroeconómicos", ha insistido.