LD (Agencias) El Gobierno español había tomado la medida de limitar el poder de las compañías extranjeras en el mercado energético en el año 2000, cuando la francesa EDF anunciaba su intención de hacerse con una participación en Hidrocantábrico. En aquel entonces se argumentó que no se habían privatizado las empresas españolas para darle paso a monopolios públicos de otros países. Tal y como señala el diario Cinco Días , Madrid arguyó la asimetría en la liberalización (55% en España frente al 30% en Francia) y la presencia de capital público para justificar la limitación del ejercicio de voto de ciertos accionistas.
Pero lo que critica la UE son los “poderes discrecionales” con los que el Ejecutivo ha tomado decisiones en el tema empresarial energético. Bruselas considera que se viola el derecho comunitario y advierte de que la libre circulación de capitales, así como la autorización de inversión en empresas privadas, debe aplicarse si distinción; estar justificados por un requisito imperativo de interés general y no ir más allá de lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.
Ya la “acción de oro” fue anulada por Bruselas en mayo pasado en empresas como Telefónica, Repsol y Endesa, tema que aún no está cerrado debido a que España sostiene que buscará “todas las opciones” que suplanten la “golden share”. Según Expansión , el gobierno español insiste en que la normativa comunitaria no puede amenazar el proceso de privatización emprendido, y por ende a la liberalización del mercado nacional.
Pero lo que critica la UE son los “poderes discrecionales” con los que el Ejecutivo ha tomado decisiones en el tema empresarial energético. Bruselas considera que se viola el derecho comunitario y advierte de que la libre circulación de capitales, así como la autorización de inversión en empresas privadas, debe aplicarse si distinción; estar justificados por un requisito imperativo de interés general y no ir más allá de lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.
Ya la “acción de oro” fue anulada por Bruselas en mayo pasado en empresas como Telefónica, Repsol y Endesa, tema que aún no está cerrado debido a que España sostiene que buscará “todas las opciones” que suplanten la “golden share”. Según Expansión , el gobierno español insiste en que la normativa comunitaria no puede amenazar el proceso de privatización emprendido, y por ende a la liberalización del mercado nacional.