La UE apoya endurecer las sanciones a los países incumplidores

El Consejo Europeo, máximo órgano político de la UE, avaló las conclusiones del grupo especial creado en mayo, tras la grave crisis que afectó a Grecia, y que prevén sanciones más tempranas y duras para los países con problemas presupuestarios o que eviten cumplir los consejos para remediar sus desequilibrios macroeconómicos.

El acuerdo que han respaldado los líderes europeos fue cerrado el lunes pasado por sus ministros de Finanzas en Luxemburgo, después de que los máximos dirigentes de Francia y Alemania resolvieran sus desacuerdos en una cumbre bilateral celebrada en Deauville (Francia).

La reforma refrendada hoy introduce una amplia gama de castigos, que se aplicarán a los países de la zona euro desde la fase preventiva, mediante un complejo sistema de activación que pretende ser más automático y menos dependiente del consenso de los Veintisiete.

El nuevo sistema, que rebaja las propuestas efectuadas por la Comisión Europea en este sentido, no ha satisfecho al presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, que se desmarcó del documento final aprobado en Luxemburgo, en el que obligó a incluir una nota en la que aseguraba que "no comparte" parte de su contenido.

Entre las novedades, destacan los castigos en la fase preventiva, que consistirán en el bloqueo de depósitos que generarán intereses, y que serán devueltos en el caso de que el país afectado tome medidas para corregir su situación en el plazo de seis meses.

También destaca un nuevo sistema de activación que se aplicará para algunas de las sanciones y que consiste en que los castigos propuestos por el Ejecutivo comunitario serán aprobados sin necesidad de pasar por el Consejo, a no ser que una mayoría cualificada de países se oponga en un determinado plazo.

Este nuevo tipo de "mayoría cualificada invertida" fue uno de los puntos candentes de la negociación.

Los ministros de Finanzas introdujeron el lunes pasado un conjunto de salvaguardas para conservar parte del poder en la toma de decisiones y no cederlo a los técnicos de la Comisión.

Por otro lado, la deuda pública será tenida en cuenta como un criterio vinculante en el procedimiento sancionador, aunque se valorarán factores atenuantes como el coste de la reforma de los sistemas de pensiones.

Por último, la reforma amplía los poderes de vigilancia de la Comisión Europea, que será responsable de identificar los desequilibrios macroeconómicos en la zona euro, causantes de fenómenos como las burbujas inmobiliarias en España o Irlanda.

El nuevo marco destinado a luchar contra las pérdidas crónicas de competitividad en algunas economías del euro también incluirá, en última instancia, sanciones para los países que eviten cumplir las recomendaciones, pero irán precedidas de una discusión política al máximo nivel.

El objetivo de los Veintisiete es que el nuevo marco disciplinario entre en vigor el próximo verano, aunque los castigos no serán retroactivos para los países que ya tengan déficit o problemas de competitividad, como es el caso de España.