L D (Agencias) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, detalló que la nueva sociedad nunca amenazará al mercado de alquiler ya existente, puesto que las viviendas en las que intermedie nunca supondrá más del 1,5 ó el 2 por ciento del conjunto del mercado.
El Gobierno ha previsto que, del total de la renta que tendrán que pagar los inquilinos de pisos intermediados por la Sociedad Pública del Alquiler, el 20 por ciento se destinará a la financiación de la entidad pública, mientras que el 80 por ciento restante será cobrado por el propietario del inmueble.
El Gobierno ha previsto que, del total de la renta que tendrán que pagar los inquilinos de pisos intermediados por la Sociedad Pública del Alquiler, el 20 por ciento se destinará a la financiación de la entidad pública, mientras que el 80 por ciento restante será cobrado por el propietario del inmueble.
Ese 20 por ciento retenido por la entidad pública será en pago a los servicios prestados al propietario, entre ellos la adecuación de la vivienda, la garantía del pago desde la firma del contrato durante todo su periodo de vigencia y de la devolución del inmueble "en perfecto estado", así como la exención de tener que hacerse cargo de la burocracia. Además, ofrecerá asistencia jurídica y se hará cargo de las costas procesales en casos de impagos, aunque será el propietario el que tenga que iniciar el proceso judicial.
De esta forma, y según la portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "el Estado se convierte en avalista del propietario de una vivienda, a quien ofrece una mayor seguridad, y en una ayuda y garantía para los jóvenes y familias que van a contar con una agencia que defiende por encima de cualquier otro criterio los intereses de los ciudadanos".
Según las previsiones del Gobierno, la sociedad comenzará gestionando 1.000 viviendas e irá aumentando progresivamente esta cifra. Los inmuebles deberán cumplir determinados parámetros de superficie máxima y precio máximo de alquiler en función de la localidad y su zona de ubicación, contando en todo caso con las necesarias garantías de calidad y habitabilidad.
Para recibir ofertas, la sociedad -que en principio no abrirá oficinas propias por todo el país, sino que trabajará a través de las autonómicas y locales- tiene previsto habilitar una página web y un centro de atención de llamadas telefónicas, detalló Trujillo. El Gobierno prevé que en cuatro años la sociedad alcance su punto de equilibrio y empiece a ser rentable. Un año más tarde podría llegar a gestionar cerca del uno por ciento del mercado de alquiler español. En principio, el funcionamiento de la entidad está previsto para diez años y, una vez transcurrido ese periodo, se revisará la situación del mercado del alquiler para ver si es conveniente que siga activa o si su labor ya no es necesaria.
La sociedad contará con un capital social de 20 millones de euros, de los que seis millones están consignados ya este año en los Presupuestos Generales de Estado (PGE). Además, dispondrá de una potente plataforma tecnológica que permitirá un flujo constante de información de oferta y demanda y la realización telemática de las distintas gestiones del proceso.
Esta entidad dependerá de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) y estará tutelada por el Ministerio de Vivienda. Para ponerla en marcha, el Ministerio establecerá acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el Instituto de la Juventud, los mediadores inmobiliarios, la tasadoras, las aseguradoras, los notarios y los registradores.