L D (EFE) La SEPI señala que la negativa a permitir la transmisión del 12 por ciento de las acciones de la naviera que se encuentran en manos de Agrupación Hotelera Dóliga y de Suministros Ibiza (ambas empresas pertenecen al Grupo Matutes) se debe a que "en este caso no se dan las circunstancias sobrevenidas y excepcionales que posibilitarían la autorización". El Grupo Acciona informó hace dos semanas a la SEPI de que el Grupo Matutes quería trasmitir su participación en Trasmediterránea por la expansión de sus actividades navieras fuera de esa empresa y en competencia con sus operaciones.
Acciona en su comunicado a la sociedad estatal indicaba que esa circunstancia anunciada por el Grupo Matutes "suponía una perturbación para el funcionamiento de los órganos de administración y dirección de la Compañía Trasmediterránea que todas las partes consideraban deseable superar". La SEPI entiende que las razones para justificar la venta de esa participación "no se ajustan a lo estipulado en el contrato de compraventa", que establece la posibilidad de alteración del grupo comprador siempre la sociedad estatal lo autorice, y siempre que "esté debidamente justificado por circunstancias sobrevenidas y excepcionales".
El carácter sobrevenido de los hechos, señala el comunicado de la SEPI, "no es tal" puesto que en el momento que se presentó la oferta ya eran conocidos los intereses de las empresas del Grupo Matutes en actividades de transporte marítimo, en especial en Baleares". Asimismo, la SEPI ha comunicado a Acciona, grupo mayoritario en Trasmediterránea, que la privatización de la naviera se realizó mediante un procedimiento de concurso en el que los participantes presentaron sus ofertas con precio y plan industrial, de acuerdo con las bases del proceso, que previamente fueron conocidas y aceptadas por todos los concurrentes. Estas bases establecían unos requisitos mínimos de obligada aceptación, el primero de los cuales impone "el mantenimiento de una participación mínima en la compañía que asegure la mayoría y el control de la misma, y en el caso de ser un grupo, se comprometerá a la integridad y no alteración de posiciones de mayorías y minorías en el grupo comprador".
En julio del año pasado, la SEPI adjudicó Trasmediterránea a un consorcio encabezado por la constructora Acciona (55 por ciento del capital) y del que formaban parte también la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 por ciento), el Grupo Matutes (12 por ciento) y las navieras Aznar (10 por ciento) y Armas (8 por ciento).
Acciona en su comunicado a la sociedad estatal indicaba que esa circunstancia anunciada por el Grupo Matutes "suponía una perturbación para el funcionamiento de los órganos de administración y dirección de la Compañía Trasmediterránea que todas las partes consideraban deseable superar". La SEPI entiende que las razones para justificar la venta de esa participación "no se ajustan a lo estipulado en el contrato de compraventa", que establece la posibilidad de alteración del grupo comprador siempre la sociedad estatal lo autorice, y siempre que "esté debidamente justificado por circunstancias sobrevenidas y excepcionales".
El carácter sobrevenido de los hechos, señala el comunicado de la SEPI, "no es tal" puesto que en el momento que se presentó la oferta ya eran conocidos los intereses de las empresas del Grupo Matutes en actividades de transporte marítimo, en especial en Baleares". Asimismo, la SEPI ha comunicado a Acciona, grupo mayoritario en Trasmediterránea, que la privatización de la naviera se realizó mediante un procedimiento de concurso en el que los participantes presentaron sus ofertas con precio y plan industrial, de acuerdo con las bases del proceso, que previamente fueron conocidas y aceptadas por todos los concurrentes. Estas bases establecían unos requisitos mínimos de obligada aceptación, el primero de los cuales impone "el mantenimiento de una participación mínima en la compañía que asegure la mayoría y el control de la misma, y en el caso de ser un grupo, se comprometerá a la integridad y no alteración de posiciones de mayorías y minorías en el grupo comprador".
En julio del año pasado, la SEPI adjudicó Trasmediterránea a un consorcio encabezado por la constructora Acciona (55 por ciento del capital) y del que formaban parte también la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 por ciento), el Grupo Matutes (12 por ciento) y las navieras Aznar (10 por ciento) y Armas (8 por ciento).