L D (Agencias) El Gobierno riojano recordó este jueves en una nota "las declaraciones realizadas por el vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, respecto a la no legitimidad del Gobierno central para recurrir las modificaciones del Impuesto de Sociedades anunciadas de nuevo por las Diputaciones Forales del País Vasco". "Resulta vergonzoso que el Gobierno central diga que no está legitimado para hacerlo", señaló el Ejecutivo riojano.
Argumentó que "la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a la Administración del Estado una amplísima legitimación activa para recurrir en vía contenciosa los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales y de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización, incluyéndose lógicamente las emanadas de las Instituciones de los Territorios Históricos Vascos".
Según el Gobierno de La Rioja "la Ley no establece ninguna restricción al respecto por lo que es evidente que la Administración central ha tenido la posibilidad de recurrir, y debió hacerlo, las recientes disposiciones dictadas por las Diputaciones Forales y Juntas Generales de los Territorios". Estas disposiciones "establecen ventajas fiscales en favor de las empresas sujetas al régimen foral en la medida en que esos beneficios lo son en perjuicio, no solo de las empresas radicadas en las Comunidades Autónomas limítrofes, sino en general de las establecidas en el resto del territorio del Estado".
Para el Gobierno riojano, "A la Administración Central compete la defensa del interés general y en aras de ese interés hubo de recurrir dichas normas tributarias. Las disposiciones en cuestión comportan, sin ninguna duda, la infracción de principios constitucionales relevantes", según el comunicado. Recordó que anteriores Gobiernos españoles –presididos por Felipe González y José María Aznar–, apoyaron a La Rioja en su lucha contra las vacaciones fiscales y en la defensa de sus intereses. "Sin embargo, el Gobierno de Zapatero argumenta que no está legitimado, escondiéndose en una mentira y ocultando el verdadero motivo: evitar el enfrentamiento con los nacionalistas", acusó.
El Ejecutivo riojano considera "incongruentes" las manifestaciones de Solbes puesto que dice que respetará y acatará las decisiones judiciales, y ya existen pronunciamientos judiciales anteriores en contra de estas normas. Para el Gobierno de La Rioja, la Constitución garantiza que las diferencias entre los estatutos de las Comunidades Autónomas no pueden significar privilegios ni diferencias entre sus ciudadanos, por ello "continuará defendiendo los intereses de todos los riojanos, evitando cualquier discriminación o desigualdad respecto a otras regiones".
Argumentó que "la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a la Administración del Estado una amplísima legitimación activa para recurrir en vía contenciosa los actos y disposiciones de la Administración de las Comunidades Autónomas, de las Entidades locales y de cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización, incluyéndose lógicamente las emanadas de las Instituciones de los Territorios Históricos Vascos".
Según el Gobierno de La Rioja "la Ley no establece ninguna restricción al respecto por lo que es evidente que la Administración central ha tenido la posibilidad de recurrir, y debió hacerlo, las recientes disposiciones dictadas por las Diputaciones Forales y Juntas Generales de los Territorios". Estas disposiciones "establecen ventajas fiscales en favor de las empresas sujetas al régimen foral en la medida en que esos beneficios lo son en perjuicio, no solo de las empresas radicadas en las Comunidades Autónomas limítrofes, sino en general de las establecidas en el resto del territorio del Estado".
Para el Gobierno riojano, "A la Administración Central compete la defensa del interés general y en aras de ese interés hubo de recurrir dichas normas tributarias. Las disposiciones en cuestión comportan, sin ninguna duda, la infracción de principios constitucionales relevantes", según el comunicado. Recordó que anteriores Gobiernos españoles –presididos por Felipe González y José María Aznar–, apoyaron a La Rioja en su lucha contra las vacaciones fiscales y en la defensa de sus intereses. "Sin embargo, el Gobierno de Zapatero argumenta que no está legitimado, escondiéndose en una mentira y ocultando el verdadero motivo: evitar el enfrentamiento con los nacionalistas", acusó.
El Ejecutivo riojano considera "incongruentes" las manifestaciones de Solbes puesto que dice que respetará y acatará las decisiones judiciales, y ya existen pronunciamientos judiciales anteriores en contra de estas normas. Para el Gobierno de La Rioja, la Constitución garantiza que las diferencias entre los estatutos de las Comunidades Autónomas no pueden significar privilegios ni diferencias entre sus ciudadanos, por ello "continuará defendiendo los intereses de todos los riojanos, evitando cualquier discriminación o desigualdad respecto a otras regiones".